
Cada vez que un ciudadano paga el IGV, el impuesto a la renta o cualquier otro tributo, espera que esos recursos se traduzcan en mejores hospitales, colegios seguros, infraestructura moderna y mayor seguridad ciudadana. Sin embargo, la percepción predominante va en sentido contrario: el Estado recauda más, pero los servicios públicos no logran responder a las expectativas de la población.
El debate público suele centrarse en cuánto más debería recaudar el país. Se habla de ampliar la base tributaria, crear nuevos impuestos o eliminar beneficios tributarios. Mucho menos frecuente es la discusión sobre cómo se utilizan los recursos que ya aportan millones de contribuyentes.
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Un reciente análisis de ComexPerú ofrece algunas pistas importantes. Al cierre de abril, los impuestos financiaron el 81.6% del presupuesto público anual. Sin embargo, el principal destino de esos recursos corresponde a pagos al personal y obligaciones sociales del sector público, que representaron el 41.8% del gasto financiado mediante impuestos. En términos prácticos, ello implica que, por cada S/ 100 del presupuesto público, alrededor de S/ 34 terminan financiando planillas estatales.
El problema no es contar con más o menos servidores públicos. Un Estado funcional requiere profesionales competentes en todos los sectores. La verdadera discusión debería centrarse en si la composición del gasto responde a las necesidades más urgentes del país y si los recursos se están utilizando con eficiencia.
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Mientras persisten enormes brechas sociales, una parte significativa del presupuesto continúa comprometida en gasto corriente. El mismo análisis muestra que la adquisición de activos no financieros, es decir, la inversión pública, representó apenas el 23.8% del gasto financiado con impuestos. Se trata precisamente de los recursos destinados a construir y mejorar infraestructura, cerrar brechas y elevar la calidad de los servicios públicos.
Incluso en sectores prioritarios existen desafíos importantes. Educación concentra el mayor presupuesto público del país, con S/ 49,941 millones para este año. Sin embargo, solo S/ 9,042 millones, equivalentes al 18.1% del total, se asignan a proyectos de inversión pública orientados a mejorar infraestructura educativa. Más preocupante aún resulta que el proyecto educativo con mayor presupuesto asignado este año no registraba avances en su ejecución al momento del análisis.
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Por otro lado, conviene recordar que los recursos públicos no aparecen espontáneamente. Los ingresos tributarios dependen del dinamismo económico y del desempeño del sector privado. Al cierre de abril, la minería fue la actividad que más contribuyó a la recaudación tributaria, con S/ 14,612 millones, seguida por el comercio y la manufactura. En otras palabras, sin crecimiento económico, inversión privada y generación de empleo formal, tampoco existirían los recursos necesarios para financiar las políticas públicas que demanda la ciudadanía.
El descontento social es una realidad y, en muchos casos, está plenamente justificado. Persisten deficiencias en seguridad ciudadana, infraestructura, acceso a servicios básicos y calidad educativa. Pero por ello resulta indispensable discutir no solo cuánto recauda el Estado, sino qué hace con cada sol que recibe.
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La población, en su justo reclamo, exige resultados. Antes de plantear nuevos impuestos o mayores niveles de gasto, convendría preguntarnos si estamos obteniendo el mejor retorno posible por cada sol que entregamos al Estado. Porque el verdadero desafío del Perú quizá no sea únicamente generar más recursos, sino administrarlos mejor. El reto no consiste solo en recaudar más, sino en garantizar que cada sol aportado por los ciudadanos se traduzca en mejores servicios y mayores oportunidades.

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