El Ministerio Público amplió las investigaciones en el caso del presunto “cambiazo” de un lingote de oro por una barra de cobre ocurrido tras la incautación de material aurífero en un operativo policial. Según informó Canal N, la hipótesis fiscal, un perito habría sido incorporado a la investigación por su presunta participación en la elaboración de un informe técnico que habría permitido la sustitución del material incautado.
El hecho se habría producido en el contexto de la custodia de cuatro lingotes de oro incautados y posteriormente trasladados a una bóveda del Banco de la Nación. En ese proceso, uno de los lingotes habría sido reemplazado por una barra de bronce, pese a que inicialmente estaba registrado como material aurífero.
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Acta de deslacrado y material incautado
El caso se sustenta en un acta de deslacrado, apertura de caja de madera y entrega de material aurífero, elaborada el 24 de mayo de 2023. De acuerdo con el citado medio, en dicho documento se consignó la verificación de los lingotes incautados, los cuales habían sido incautados en un operativo policial previo.
Una de las piezas identificada con el número 5398-2 fue registrada inicialmente como un lingote de oro de color dorado. Sin embargo, posteriores revisiones habrían determinado que se trataba de una barra de bronce, lo que activó las alertas dentro de la investigación fiscal.
En esa diligencia participaron dos policías investigados, una fiscal y el ingeniero químico Waldir Vásquez Calderón, quien estuvo a cargo del análisis físico-químico de las piezas de alto valor.
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Presunta irregularidad en peritaje
La hipótesis del Ministerio Público señala que el perito habría aceptado una presunta propuesta del suboficial Hugo Mario Arce Pérez, consistente en recibir un beneficio económico indebido a cambio de consignar información que no se ajustaría a la verdad en su informe técnico.
Según informó Canal N, este elemento es considerado clave dentro de la investigación, debido a que el peritaje químico es uno de los principales soportes técnicos para determinar la naturaleza del material incautado. La posible alteración de dicho informe habría permitido que el cambio del lingote no fuera detectado oportunamente.
En paralelo, la investigación también alcanza a miembros de la Policía Nacional del Perú que habrían participado en la cadena de custodia del material aurífero, así como en la diligencia de verificación realizada en el Banco de la Nación.
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Pedido fiscal y situación de los investigados
La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el coronel Rafael Morón y tres suboficiales de la Policía Nacional, quienes están comprendidos en la investigación por su presunta vinculación con el denominado “cambiazo”.
En total, el caso involucra a 12 investigados. De ellos, seis se encuentran bajo comparecencia simple, mientras que otros han enfrentado medidas restrictivas o han sido liberados durante el proceso de investigación fiscal.
Uno de los detenidos que obtuvo su libertad es el capitán Jorge Mauricio Benítez, quien, de acuerdo con la tesis fiscal, habría tenido un rol en la presunta organización del cambio del lingote de oro.
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Defensa y controversia en la investigación
En conversación con Canal N, Stefano Miranda, abogado del coronel Rafael Morón, sostuvo que no existen elementos directos que vinculen a su patrocinado con el presunto delito, señalando que las imputaciones provienen principalmente de aspirantes a colaboradores eficaces y de testimonios indirectos.
Asimismo, el letrado cuestionó la consistencia de las declaraciones y afirmó que no se han precisado fechas ni entregas de dinero que sustenten la acusación. En esa línea, indicó que el coronel Rafael Morón rechaza las imputaciones y ha solicitado que la investigación se desarrolle con objetividad.
Por su parte, la defensa también expresó dudas sobre el hecho de que algunos implicados habrían recuperado su libertad, pese a que, según su postura, tendrían una participación directa en los hechos investigados. El proceso continúa en etapa de investigación preparatoria bajo supervisión del Ministerio Público.
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