Una denuncia por presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico involucra a monseñor Antonio Santarsiero Rosa, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Huacho. El caso ha puesto el foco en uno de los cargos más relevantes de la Iglesia en el país y en los mecanismos internos para responder a este tipo de acusaciones.
Según el medio Infovaticana, el documento que sustenta la denuncia es una carta notarial fechada el 26 de marzo de 2026 y entregada días después en la Nunciatura Apostólica en Lima. El informe señala que el expediente también fue remitido a autoridades del Vaticano, incluyendo al nuncio apostólico en el Perú y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
De acuerdo con esa publicación, parte de los hechos ya habrían sido comunicados a instancias eclesiásticas en años anteriores. Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre la apertura de una investigación canónica ni se ha emitido un pronunciamiento oficial desde Roma.
Testimonios incluidos en la denuncia
El expediente recoge dos testimonios principales. El primero corresponde a un joven laico que asegura que los hechos comenzaron cuando era menor de edad, tras ingresar al seminario menor de la diócesis de Huacho. En su relato describe conductas inapropiadas que, según afirma, se habrían prolongado durante varios años.
El segundo testimonio es de un sacerdote, identificado como P. B., quien convivió con el obispo en los primeros años de su episcopado. En su declaración, señala presuntos episodios de manipulación psicológica y situaciones que considera inapropiadas dentro de ese entorno.
Ambas personas han decidido mantener su identidad en reserva. Según se detalla en la denuncia, esta decisión responde al temor a posibles represalias dentro de la estructura eclesial. También se advierte que las personas en formación o bajo autoridad religiosa pueden encontrarse en una situación de dependencia que dificulta la denuncia.
La documentación, siempre de acuerdo con la fuente citada, incluye relatos detallados y habría sido remitida previamente a autoridades eclesiásticas.
Descargos del sacerdote investigado
Tras conocerse el caso, y según declaraciones recogidas por InfoVaticana, monseñor Santarsiero indicó que no ha sido notificado oficialmente sobre la carta notarial.
Señaló que tomó conocimiento del documento a través de consultas periodísticas y que, en esas condiciones, no puede responder de manera específica a las acusaciones. No obstante, negó de forma categórica los hechos que se le atribuyen.
El obispo sostuvo que las acusaciones contradicen su trayectoria como sacerdote y afirmó que siempre ha actuado con respeto y compromiso pastoral. Además, indicó que no ha recibido reclamos previos relacionados con este tipo de conductas.
También solicitó acceder a la documentación completa para poder ejercer su derecho a defensa y evaluar posibles acciones legales.
Manejo institucional de denuncias y desafíos para la Iglesia en Perú
Antes de que se conociera esta denuncia, desde la propia Iglesia ya se advertían problemas para atender casos de abuso, especialmente cuando involucran a menores. La coordinadora de los centros de escucha de la Conferencia Episcopal Peruana, hermana Noyli Ríos, señaló a Infobae Perú que en varias zonas del país no hay personal capacitado para recibir y acompañar a las víctimas, lo que dificulta una respuesta oportuna.
También indicó que muchas personas no conocen los canales de ayuda existentes, como los centros y comisiones de escucha, lo que retrasa las denuncias y su seguimiento. En ese contexto, explicó que los casos de abuso sexual —incluidos los que afectan a menores— no siempre son detectados a tiempo.
Ríos advirtió además que estas situaciones suelen estar relacionadas con otras formas de abuso, como el de poder o de conciencia, que pueden preceder a los hechos más graves.
Sobre el manejo de estos casos, el abogado Alberto Gonzáles explicó a Infobae Perú que la Iglesia realiza una investigación interna y, si se confirman los hechos, puede aplicar sanciones como la expulsión del sacerdote. Sin embargo, precisó que los delitos deben ser investigados y sancionados por la justicia ordinaria.
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