La muerte de 13 mineros en Atico, Arequipa, en junio de 2022, sigue generando repercusiones judiciales y sociales en el sur del país.
Una nueva investigación Panorama revela que la búsqueda de responsables por la llamada “masacre de del caso Intigol” no solo ha alcanza a presuntos miembros de organizaciones criminales, sino que también ha arrastrado a mineros formales y empresarios legales de la región, a pesar de la ausencia de pruebas directas en su contra.
El conflicto minero que dejó 13 muertos sigue sin cierre judicial
El conflicto entre las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, provocó un enfrentamiento armado con saldo fatal.
Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Arequipa y la Policía han impulsado un proceso judicial bajo cargos de usurpación agravada, tenencia ilegal de armas, homicidio y crimen organizado.
El expediente, tramitado en el Juzgado Colegiado de Camaná, involucra a 56 procesados, entre ellos empresarios mineros con operaciones legales y sin antecedentes criminales.
Empresarios legales arrastrados al proceso por la masacre de Atico
Uno de los casos emblemáticos es el de Jesús Baca Quispe, empresario formal con permisos y contabilidad en regla. Según la investigación de Panorama, la Fiscalía lo acusa de ser el brazo financiero de la organización Atico Calpa, señalando que habría apoyado el conflicto con armas y dinero.
Sin embargo, en palabras del propio Baca: “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos. Yo pienso que eso se tiene que aclarar. No será de repente hoy día, pero con el tiempo tiene que aclararse tal cual como vienen las cosas”.
No existen pruebas sobre la cantidad, el origen o el destino de esos fondos, ni sobre a quién se habría entregado dinero para el enfrentamiento. Tampoco hay evidencia de transferencias, comunicaciones o coordinación entre Baca y los presuntos autores materiales.
Sin pruebas claras, la Fiscalía acusa a mineros formales
El día de los hechos, Baca se encontraba en Arequipa por el nacimiento de su hijo, según registros independientes y testimonios recogidos en el proceso.
A pesar de ello, fue detenido, procesado por lavado de activos y sometido a prisión preventiva, en un expediente con irregularidades: se incluyó una supuesta cuarta arma nunca encontrada ni consignada en actas, y se allanó por error la vivienda de un homónimo en Lima.
La defensa de Baca, encabezada por el abogado Giuliano Delgado, sostiene que los fondos incautados estaban justificados por peritajes contables y tenían destino comercial legítimo.
“Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, afirma Delgado.
Testigos protegidos no logran identificar al empresario procesado
Panorama también documenta presunta manipulación de testigos y coordinación entre la fiscalía y algunos jueces para mantener a Baca en el proceso, a pesar de que los propios testigos protegidos no logran identificarlo ni ubicarlo en el lugar de los hechos.
Durante una audiencia, un fiscal preguntó a un testigo protegido si podía identificar a Baca, a lo que el testigo respondió: “No, no lo puedo mencionar porque no lo conozco”.
El presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Azcárraga, consultado sobre la inclusión de una supuesta cuarta arma que no figura en el acta, declaró: “Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”.
El proceso judicial avanza entre versiones cruzadas y falta de evidencias
Actualmente, 39 personas siguen acusadas y el proceso judicial no ha concluido. El expediente incluye tanto a mineros formales como a investigados por minería ilegal, en un contexto marcado por violencia y conflictos en la zona.
Panorama documenta que las investigaciones continúan y que las decisiones judiciales se toman en un entorno complejo, donde se requiere claridad sobre la situación legal de cada acusado y una revisión detallada de las pruebas presentadas.
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