El Poder Judicial amplió la prisión preventiva contra el golpista expresidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal durante su gobierno, con actuación en Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.
Esta prisión preventiva vencía en los primeros días de marzo de 2026, por lo que la Fiscalía solicitó antes de ello la prolongación de la medida por 12 meses, es decir, un año más.
El juez supremo de la investigación preparatoria Edhin Campos accedió al requerimiento fiscal debido a que se trata de una investigación compleja con ciertas dificultades y que persiste el peligro de que Castillo Terrones huya de la justicia, tal como lo intentó el mismo día del fallido autogolpe.
No obstante, Campos asegura que el peligro de fuga persiste, sino que se ha intensificado a raíz de la condena de 11 años y 5 meses que se le impuso al exmandatario por el delito de conspiración para la rebelión.
“Este dato incrementa el incentivo de evasión, en la medida en que ya no se trata únicamente de una prognosis de pena, sino de una condena concreta cuya eventual confirmación en segunda instancia podría consolidar una privación efectiva de libertad de larga duración”, se lee en el documento al que accedió Infobae.
El Juzgado también considera el “entorno internacional objetivamente favorable a una eventual evasión”, en referencia a los pronunciamientos de México, “primero bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y actualmente bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum”, cuestionando el proceso contra Castillo.
Así, Campos asevera que “resulta razonable la argumentación de la Fiscalía, cuando considera que este conjunto de actos estatales” por parte de México “configura un marco internacional de protección política efectiva que trasciende lo hipotético y demuestra la viabilidad material de un eventual acogimiento del investigado en el extranjero”.
El Juzgado, de la valoración de todos los argumentos de la Fiscalía, concluye que “existe un riesgo real, concreto y actual de que, en caso de recuperar su libertad”, Pedro Castillo “se sustraiga deliberadamente del proceso penal. Dicha situación, dice, frustraría el ”desarrollo normal como la eventual ejecución de la pena, configurándose así el presupuesto material del peligro de fuga que justifica la prolongación de la prisión preventiva".
Los cargos
Según la investigación fiscal, Pedro Castillo habría encabezado una red criminal con estructura jerárquica, enquistada en entidades estatales como Petroperú, el Ministerio de Transportes (PROVÍAS Descentralizado) y el Ministerio de Vivienda, destinada a copar puestos clave y direccionar contrataciones públicas a favor de allegados y socios.
El segundo cargo es el de tráfico de influencias agravado vinculado a hechos en la empresa estatal Petroperú, donde es sindicado como autor, y colusión simple, en calidad de cómplice. El Ministerio Público sostiene que usó su poder para influir en procesos de adquisiciones y beneficiar indebidamente a empresas específicas, así como facilitar contrataciones irregulares en perjuicio del Estado.
Finalmente, el tercer cargo es por tráfico de influencias agravado también como autor, respecto a presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, particularmente en PROVÍAS Descentralizado, donde la fiscalía sostiene que se habrían manipulado licitaciones para favorecer a empresarios afines tras la cooptación del aparato estatal.
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