El 25 de marzo de 2026, la Junta General de Accionistas (60% MEF, 40% MINEM) de Petroperú formalizó la renuncia de Edgar Zamalloa Gallegos como presidente del directorio y de Miguel Flores Bahamonde como director, ambos dejando sus cargos ese mismo día.
Roger Arévalo Ramírez, vinculado familiarmente con el extitular de la estatal Hugo Chávez Arévalo, fue designado como nuevo presidente del directorio y Richard Almerco como director independiente, ambos a partir hoy 26 de marzo de 2026. Los nombramientos se comunicaron a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Cambios en la cúpula de Petroperú: MEF estudia USD 2.000 millones de rescate
El ratio patrimonial de Petroperú, que mide la relación entre patrimonio y pérdidas, se encuentra cerca del 55%. Según la Ley General de Sociedades, si la empresa alcanza el 67% de capital en pérdida, se declara en situación de insolvencia, lo que obligaría a una intervención o liquidación.
Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa alternativas para evitar que la empresa cruce ese umbral.
Aunque inicialmente se hablaba de 500 millones de soles, hoy se considera un aporte de capital de hasta USD 2.000 millones, lo que permitiría reducir el ratio a cerca del 40% y alejar el riesgo de insolvencia.
Otra opción es la entrega de un aval estatal para que Petroperú pueda endeudarse en la banca privada. Sin embargo, esta medida -preferida por el MEF- es riesgosa, ya que aumenta la deuda y empuja el ratio patrimonial aún más cerca del límite.
Paralelamente, se discute un reperfilamiento de deuda con bancos y bonistas, buscando renegociar plazos y condiciones para aliviar la presión inmediata sobre la caja de la empresa.
El nuevo ministro de Economía, Rodolfo Acuña, proviene del Banco de la Nación -otra empresa pública que ha operado históricamente a pérdida- y es percibido como favorable a Petroperú y a la intervención estatal para su rescate.
Petroperú no tiene dinero y empezaría a detener unidades desde la próxima semana
Por estos días, Petroperú recurre a esquemas de precompra: los clientes pagan por adelantado, la refinería de Talara procesa el producto y lo entrega posteriormente, generando ingresos sin desembolsos inmediatos de la empresa.
A raíz de los problemas de liquidez, se evalúan paradas programadas en unidades específicas, no en toda la refinería, para ahorrar recursos y extender la operación.
Como medida para preservar liquidez, se analiza también el cierre temporal de unidades y terminales no rentables, como Ilo y El Milagro, con el objetivo de reducir costos y priorizar operaciones esenciales. Sin una solución financiera, la empresa solo podría sostener sus operaciones activas por una semana más.
Estrategias de emergencia: precompras y cierre temporal de unidades no rentables
Al interior de la empresa, surgen críticas a la gestión saliente por no cumplir con los encargos del directorio y por otorgar autonomía excesiva al gerente general Gustavo Villa.
Los cambios se ven como necesarios para asegurar que cualquier nuevo financiamiento sea gestionado de forma transparente y no exista una puja a la interna entre proveedores adeudados, que deviene en corrupción.
Una fuente externa a la empresa explico que, para adelantar el cobro de una factura, algunos proveedores estarían obligados a pagar un 10% de comisión o soborno a intermediarios o funcionarios.
La inestabilidad de la dirección ha sido persistente: la petrolera estatal ha tenido 16 presidentes en los últimos 10 años, lo que ha generado desconfianza y falta de continuidad en la gestión.
El cambio de directorio responde también a presiones de ProInversión y de los propios trabajadores por la falta de resultados y la percepción de manejo inadecuado del gerente general.
Los transportistas se suman a los trabajadores de Petroperú contra el DU 010-2025
Días antes de la reunión de la Junta General de Accionistas, el presidente José Balcázar sostuvo una reunión con sindicatos petroleros y el gremio nacional de transporte de carga pesada.
Durante el encuentro, Balcázar se comprometió a emitir un aval estatal para que Petroperú pueda comprar crudo y anunció la derogación del Decreto de Urgencia 010-2025 como parte de un paquete de medidas de emergencia.
El Decreto de Urgencia 010-2025 regula la escisión de bloques patrimoniales y su posible derogación busca garantizar que no se privaticen activos clave de Petroperú, como la refinería, plantas y terminales.
En ese momento, Balcázar subrayó que la decisión del aval no implica una inyección directa de recursos, sino una garantía estatal para obtener financiamiento en la banca privada. Recalcó su apoyo a Petroperú, aunque reconoció presiones empresariales para evitar la derogación del DU.
Los gremios, especialmente el de transporte, respaldaron el anuncio y advirtieron que la continuidad de la crisis podría derivar en un paro nacional. Reclamaron estabilidad en los precios de los combustibles y exigieron que Petroperú siga operando para proteger la economía familiar y regular el mercado.
La presión social y sindical es elevada, con amenazas de paro nacional si la situación de Petroperú no mejora, y con ejemplos recientes de conflictos como el de Ayacucho, por el deterioro de la Vía Los Libertadores.
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