La escena se tensó en pocos segundos. En medio del intercambio sobre integridad pública, el tono subió y las frases se acortaron. El debate, que hasta ese momento giraba en propuestas generales, tomó un giro directo cuando uno de los candidatos interpeló a su oponente con una crítica reiterada frente a cámaras y público.
El momento se instaló de inmediato como uno de los pasajes más comentados de la jornada. Las intervenciones dejaron de lado los planteamientos amplios y se concentraron en cuestionamientos personales y en la eficacia de las propuestas contra la corrupción, un tema central en la agenda electoral.
El contraste entre discurso y ejecución marcó el eje de la confrontación. Mientras uno defendía la necesidad de participación ciudadana en la vigilancia del Estado, el otro insistía en el uso de herramientas tecnológicas y medidas concretas para el control del gasto público.
Cruce directo en el debate
El candidato Francisco Diez-Canseco dirigió un cuestionamiento frontal a George Forsyth, luego de que este último expusiera su enfoque sobre la lucha contra la corrupción y el rol de la ciudadanía en la fiscalización.
“Mucha teoría, George, y poca práctica”, señaló Diez-Canseco, en un intento por enfatizar su crítica. La intervención se produjo en un espacio breve asignado para responder.
A pesar de la limitación, el mensaje se reiteró sin variaciones, lo que reforzó la intención de instalar la idea de una distancia entre discurso y ejecución. El intercambio evidenció una estrategia centrada en cuestionar la viabilidad de las propuestas del adversario más que en desarrollar nuevas iniciativas en ese momento específico.
Propuesta de un Consejo Nacional de Moral Pública
En el bloque dedicado a la lucha contra la corrupción, Diez-Canseco detalló una de sus principales propuestas: la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública. Según explicó, este organismo estaría integrado por personas con trayectoria y capacidad técnica, seleccionadas mediante participación ciudadana.
“Por primera vez el pueblo será socio de la lucha contra este flagelo”, señaló. La propuesta apunta a incorporar a la ciudadanía en la supervisión de las acciones del Estado y en la identificación de actos irregulares.
El candidato también cuestionó el funcionamiento de instancias actuales. Indicó que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción no registra actividad efectiva desde hace varios años y la calificó como parte de una estructura que no produce resultados. “Es más de lo mismo”, sostuvo, al referirse a la continuidad de prácticas vinculadas a gestiones anteriores.
En esa línea, afirmó que el nuevo consejo permitiría canalizar denuncias y aplicar sanciones. “La gente va denunciar y poner las cosas en su sitio. Vamos a votar a los corruptos y echar a caminar un Estado al servicio del pueblo”, expresó.
Tecnología y control en la gestión pública
Por su parte, Forsyth centró su planteamiento en la modernización del Estado como herramienta clave contra la corrupción. Durante su intervención, sostuvo que el país requiere medidas concretas que superen los discursos en espacios públicos.
“El Perú necesita un presidente que luche contra este flagelo, no con charlas en plazas públicas, sino con un gobierno digital, tecnología y una transparencia real”, afirmó. Su propuesta incluye la implementación de sistemas digitales con apoyo de inteligencia artificial para supervisar el uso de recursos públicos.
“Por eso yo voy a implementar el gobierno digital, con inteligencia artificial para rastrear hasta el último sol, también volver al polígrafo como lo hacía la Contraloría y levantar el secreto bancario de todos los funcionarios que manejen recursos”, detalló.
El enfoque plantea una transición hacia mecanismos automatizados de control, junto con medidas de verificación y acceso a información financiera de funcionarios. En ese marco, también mencionó la necesidad de reforzar la meritocracia como criterio para la selección de personal en el Estado.
La confrontación entre ambos candidatos dejó en evidencia dos rutas distintas frente a un mismo problema: una que apuesta por la participación directa de la ciudadanía en órganos de control y otra que prioriza la digitalización y el uso de tecnología para supervisar la gestión pública.
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