El Congreso de la República dio luz verde a la denominada Ley de Pensión Digna para Docentes, que fija en S/ 3.500,70 el monto mensual que recibirán los maestros jubilados en el Perú. La iniciativa, que había sido previamente observada por el Ejecutivo, fue finalmente aprobada este jueves 18 de marzo tras ser exonerada de su revisión en comisiones.
La votación se produjo en medio de un clima de tensión en el Pleno, donde el debate sobre su inclusión en la agenda generó enfrentamientos entre legisladores. Pese a los cuestionamientos y al desorden momentáneo que obligó a suspender la sesión, la propuesta fue retomada y aprobada horas después.
Un debate marcado por fricciones en el Pleno
El tratamiento de la norma estuvo rodeado de controversia desde su planteamiento en la agenda parlamentaria. La congresista Flor Pablo solicitó priorizar el tema durante una sesión que abordaba otros asuntos, lo que generó la reacción de Patricia Juárez, quien cuestionó que se introdujera un punto no previsto.
La discusión escaló rápidamente y derivó en un intercambio de acusaciones entre ambas legisladoras. En ese contexto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, optó por suspender la sesión ante la imposibilidad de restablecer el orden. Tras la reanudación, el proyecto fue sometido a votación y consiguió su aprobación.
Una iniciativa observada y retomada por el Legislativo
La autógrafa de ley había sido observada por la presidenta Dina Boluarte el 7 de octubre, en una etapa previa del proceso. Sin embargo, el Congreso decidió insistir en la propuesta y aceleró su trámite mediante la exoneración del dictamen en comisiones.
En paralelo, la reciente aprobación de una reforma previsional para militares y policías —que implica un alto compromiso de recursos públicos— fue utilizada como referencia en el debate. En esa línea, Flor Pablo defendió la necesidad de otorgar un tratamiento similar a los docentes, mientras que desde otras bancadas se advirtió sobre el impacto fiscal de la medida.
Cómo se determinará el monto de las pensiones
La norma establece que las pensiones estarán vinculadas a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. Este valor será definido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación.
Actualmente, dicho monto asciende a S/ 3.500,70, cifra que se ajusta en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Con ello, se plantea una equiparación entre los ingresos de los docentes en actividad y aquellos que ya se encuentran retirados.
Cuestionamientos por su impacto en las finanzas públicas
Desde el sector empresarial, distintas organizaciones expresaron su rechazo a la aprobación de la norma. Mientras gremios docentes impulsaban movilizaciones para exigir su debate, entidades como ComexPerú y el Consejo Privado de Competitividad advirtieron sobre los riesgos fiscales asociados.
Entre los principales cuestionamientos figura el costo que implicaría la medida. “De acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscal, esta iniciativa implicaría un gasto anual de S/ 5.670 millones y reabriría en la práctica el esquema de cédula viva, generando una presión insostenible sobre las finanzas públicas”, alertan.
Asimismo, remarcaron que el Congreso no cuenta con iniciativa de gasto, tal como lo establece la Constitución y ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, sostienen que aprobar disposiciones que generen obligaciones fiscales permanentes supone una vulneración del marco legal vigente.
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