¿Por qué el muro de José Antonio Kast en la frontera con Perú podría reactivar una disputa en La Haya?

En un acto que reconfigura el panorama diplomático y migratorio en el sur del continente, el presidente de Chile, José Antonio Kast, inició la construcción de un muro físico en la frontera con Perú, bajo el denominado “Plan Escudo Fronterizo”. La intervención, que contempla barreras de hasta cinco metros de altura y zanjas de tres metros de profundidad sobre más de 500 kilómetros, responde a la promesa electoral de frenar la migración irregular y combatir el crimen organizado.

No obstante, en diálogo con Infobae Perú, Miguel Ángel Porras, abogado internacionalista del estudio Ugaz Zegarra, advirtió que el avance de la obra en zonas limítrofes sensibles —como el denominado Triángulo Terrestre— puede reactivar disputas bilaterales y escalar la controversia hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“No existe impedimento legal para que un país levante barreras físicas en su territorio con el objetivo de proteger su frontera o controlar el acceso. Chile actúa dentro de su normativa interna y en el marco de su soberanía”, explicó. Sin embargo, Porras matizó que la ubicación de la obra resulta determinante: “Si el muro se levanta en áreas en disputa, especialmente cerca del Triángulo Terrestre, puede interpretarse como un acto de demarcación unilateral y tensar las relaciones en el plano internacional”.

Recordó que la frontera terrestre entre ambos países, de 169 kilómetros, se rige por el Tratado de Lima de 1929, pero el pequeño territorio costero de 3,7 hectáreas conocido como Triángulo Terrestre permanece como motivo de diferendo. En 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió la delimitación marítima, pero el desacuerdo sobre el límite terrestre persiste. “Cualquier intento de Chile de construir en ese sector puede leerse como una acción que busca resolver unilateralmente una disputa aún abierta”, sostuvo.

Aclaró que en ese escenario, Perú dispone de mecanismos para recurrir nuevamente a La Haya y elevar el conflicto al máximo tribunal del derecho internacional: “Cualquier acción por parte de la actual administración chilena, levantando un muro en esta zona de disputa se convierte en acto de demarcación unilateral y no grato hacia Perú, obviamente. Entonces nos quedan los mecanismos de reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.

“No frena el flujo de migrantes”

En otro momento, mencionó que la decisión de edificar un muro fronterizo no viola los tratados bilaterales, siempre que respete los límites acordados y garantice el funcionamiento de los pasos internacionales de tránsito. Sin embargo, subrayó que la medida envía un mensaje contrario a la integración regional y puede agravar la percepción de aislamiento y desconfianza entre ambos países. Además, que la eficacia de los muros como herramienta de control migratorio resulta cuestionable a la luz de la experiencia internacional.

“Este tipo de medidas son efectistas y no frenan el flujo de migrantes. En Estados Unidos, el famoso muro de Trump no logra detener la llegada de migrantes irregulares; solo desplaza las rutas hacia zonas más peligrosas o encarece el tránsito”, advirtió Porras, quien explicó que casos como el de Ceuta y Melilla en España o el de Israel confirman que las barreras físicas no resuelven el trasfondo de los flujos migratorios y suelen tener impacto limitado.

Para el especialista, el muro chileno responde a una lógica política y comunicacional más que a una solución técnica. “Es una medida populista que busca mostrar resultados inmediatos ante el electorado, pero no resuelve el fenómeno migratorio ni la seguridad de fondo”, enfatizó.

Agregó que la construcción de barreras, además, puede provocar un “efecto embudo” en el lado peruano, acumulando migrantes en condiciones de vulnerabilidad y generando presión sobre las autoridades locales.

“Cada país tiene el derecho soberano de proteger sus fronteras, pero debe garantizar que no se vulneren los derechos de quienes buscan protección internacional”, puntualizó Porras.

¿Cuál es la posición del Estado peruano?

El despliegue de maquinaria pesada y fuerzas militares en la zona de Arica, bajo la supervisión directa del presidente Kast, no ha pasado por alto para el gobierno peruano. La Cancillería peruana, encabezada por Hugo de Zela, manifestó que observa “con estricta vigilancia” el impacto de la obra sobre la seguridad nacional y los derechos de quienes transitan la frontera. Por su parte, la ahora ex presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, advirtió que Perú no dudará en adoptar medidas propias si la integridad territorial se ve comprometida.