Jueza liberó en cuatro días a implicada en secuestro y crimen de repartidor, pese a evidencias en su contra

La magistrada Medelyn Carbajal rechazó la prisión preventiva pese a testimonios y transferencias que vinculaban a la acusada con el secuestro y asesinato de un repartidor de delivery, lo que permitió que quedara en libertad cuatro días después de su captura

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La jueza Medelyn Carbajal Camones
La jueza Medelyn Carbajal Camones declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Yurmelys Mendoza y ordenó comparecencia con restricciones, lo que permitió su liberación

La jueza Medelyn Carbajal Camones dejó en libertad a Yurmelys Mendoza, ciudadana venezolana implicada en el secuestro y asesinato del repartidor de aplicativos Fares Soto, pese a que existían evidencias y testimonios que la vinculaban de forma directa con el caso.

El fiscal Robinzon Acosta dijo a Hildebrandt en sus trece que la acusada presentó una prueba elaborada cinco meses después del secuestro y que la representante del Poder Judicial la aceptó como definitiva.

En un informe difundido sobre el caso este viernes, el semanario de investigación agregó que existían transferencias bancarias que involucraban a la ciudadana. A pesar de todos los elementos reunidos, la magistrada de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Mendoza y dispuso comparecencia con restricciones, lo que permitió su liberación en cuatro días.

La abogada de la familia Soto, Jackeline Inga, informó que han apelado la decisión. H13 señaló que recientemente se detuvo en Venezuela a Juan Linares, principal sospechoso del secuestro y asesinato.

La investigación incluía testimonios y
La investigación incluía testimonios y transferencias bancarias realizadas desde la cuenta de la víctima a nombre de la sospechosa durante el secuestro

El caso

Fares Soto, un joven de 27 años que trabajaba como repartidor de delivery y aspiraba a convertirse en cantante urbano, acudió el 28 de agosto del año pasado a un pedido de entrega en San Juan de Miraflores, tras recibir la solicitud de Linares, a quien conocía por encargos ocasionales.

De acuerdo con la pesquisa, pidió la motocicleta a su pareja y acordó mantener comunicación por WhatsApp durante el trayecto. Poco después, los mensajes que recibió ella no parecían escritos por la víctima.

Al advertir inconsistencias, su entonces pareja utilizó la ubicación GPS y rastreó a su pareja hasta una vivienda, donde un grupo de ciudadanos venezolanos la expulsó. En ese momento, Soto ya se encontraba secuestrado.

Horas después, los captores enviaron mensajes a la familia de la víctima y exigieron 100.000 soles por el rescate, monto que luego redujeron a 50.000 soles. En una videollamada, el repartidor apareció amarrado y con signos visibles de violencia. Tras esa amenaza, la familia perdió contacto con los secuestradores.

Según el fiscal Robinzon Acosta,
Según el fiscal Robinzon Acosta, la acusada presentó un documento elaborado cinco meses después del crimen, el cual fue aceptado por el juzgado como prueba definitiva

El cuerpo de Fares Soto fue hallado al día siguiente en un cuarto alquilado de San Juan de Miraflores. El certificado de necropsia determinó traumatismo craneoencefálico como causa de muerte.

Testimonios y pruebas documentales, como transferencias bancarias realizadas desde su cuenta a nombre de Yurmelys durante el secuestro, permitieron a la Policía Nacional identificar y capturar a la sospechosa el 19 de febrero. “Hicimos un largo trabajo de campo para poder rastrearla”, afirmó el coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Secuestros.

La decisión judicial que permitió la libertad de la implicada generó frustración en la familia. “¡Nos ha quitado la posibilidad de encontrar justicia para mi hermano! Ni siquiera pudimos velarlo a cajón abierto: tenía el rostro destrozado. Aunque nuevamente dicten una orden de captura, ¿tú crees que ella va a seguir en el Perú?”, declaró Francesca, hermana de la víctima.

La defensa de la familia confirmó que se ha presentado una apelación: “Mendoza tenía pleno conocimiento del crimen. Testigos la vieron en el lugar de los hechos, ella conocía el lugar. Hemos apelado la decisión que es totalmente injusta”. Según reportes de la PNP, dos sospechosos más huyeron del país: uno se encontraría en Chile y otro en Venezuela.