Al más puro estilo de un titular de The Economist, este artículo examina cómo un puerto viene literalmente lidiando una tormenta geopolítica triangular con EE. UU. y China. Y sí, la coyuntura es especialmente delicada: delicada porque el relevo en el Ejecutivo coincide con una disputa judicial que afecta directamente la supervisión estatal del terminal portuario más importante del sur del continente; delicada porque nos encontramos en un contexto preelectoral en el cual cualquier percepción de debilitamiento del control sobre infraestructura estratégica adquiere una dimensión política inmediata; y delicada porque lo que comenzó como un debate técnico sobre competencias regulatorias se transformó en una discusión sobre soberanía, institucionalidad, gobernabilidad y relaciones multilaterales.
¿El puerto de la discordia?
Con una inversión que superó los US$ 1.300 millones en su primera fase (y que proyecta montos mayores en su desarrollo integral), el puerto es operado por Cosco Shipping Ports, que posee el 60 % de participación accionaria. El 40 % restante pertenece a capital peruano vinculado al sector minero. Recordemos que esta infraestructura estratégica fue inaugurada en 2024 con la presencia del presidente chino Xi Jinping. Sin duda, por un lado, es un proyecto que simboliza la profundización de los vínculos comerciales entre Perú y Asia. Sin duda, por otro lado, es un acuerdo que genera tensiones con nuestro segundo socio comercial.
Un dato no menor es que, en menos de un año de operaciones, Chancay ha movilizado cerca de US$ 1.880 millones en comercio exterior, ha generado más de US$ 230 millones en recaudación aduanera y ha reducido los tiempos de tránsito hacia Asia en hasta 15 días respecto de rutas tradicionales. Asimismo, su capacidad anual estimada de un millón de contenedores y su infraestructura de gran calado lo posicionan como un nodo logístico capaz de recibir los buques más grandes del mundo.
Inversión privada, vacío normativo y tensión geopolítica
Ahora bien, el contexto político interno ha amplificado tensiones externas. Desde EE. UU., sectores vinculados al gobierno del presidente Donald Trump han manifestado preocupación por la posibilidad de que el Perú pierda capacidad efectiva de supervisión sobre una infraestructura crítica bajo mayoría accionaria china. Beijing, por su parte, ha rechazado esas advertencias y ha defendido el carácter estrictamente comercial del proyecto.
El eje del conflicto es jurídico. Una singular (y, en nuestra opinión, absurda) sentencia en primera instancia indicaba que el Ositrán debía abstenerse de ejercer funciones de regulación, fiscalización y sanción sobre las operaciones del puerto. Las funciones del ente fiscalizador podían ejercerse únicamente por la vía de discrepancias tarifarias, siempre que se demostrara ausencia de competencia en el mercado. En términos prácticos, el fallo limita de manera irresponsable el alcance del regulador sobre una infraestructura considerada estratégica.
Por su parte, la empresa operadora sostiene que el puerto es una inversión privada desarrollada desde cero y no una concesión tradicional. Bajo esa lógica, no debería estar sujeta al mismo régimen de supervisión integral que otros terminales concesionados. Además, subraya que múltiples entidades del Estado —SUNAT/Aduanas, Autoridad Portuaria Nacional, Policía, Migraciones y SENASA— operan de manera permanente dentro del recinto, garantizando el ejercicio de funciones soberanas.
La respuesta del ente regulador…
Ositrán, respaldado por otros reguladores, ha defendido su rol como entidad técnica creada para corregir fallas de mercado en servicios públicos y evitar abusos frente a los usuarios. Limitar su acción, advierten especialistas, podría sentar un precedente delicado para la supervisión de infraestructuras críticas en el país. Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que apelará la decisión judicial para preservar el marco normativo vigente.
Más allá del litigio puntual, el caso evidencia un vacío normativo: el Perú no definió con claridad cómo regular infraestructura privada de uso público financiada íntegramente por capital extranjero. En otras palabras, el modelo de Chancay como propiedad privada con función pública exige una arquitectura normativa moderna que amalgame seguridad jurídica para el inversionista con protección efectiva del interés nacional.
Comercio estratégico, especulación financiera y el factor militar
El impacto económico del puerto ya es visible. Hablamos de un aporte de hasta 1,9 % del PBI nacional y de la generación de 8.500 empleos directos e indirectos. Sectores como la agroexportación (arándanos y paltas), la minería y la manufactura se benefician enormemente de la reducción de tiempos y costos logísticos. Además, proyectos complementarios como parques industriales y eventuales corredores bioceánicos podrían ampliar su efecto multiplicador. El puerto hace más competitiva a la industria nacional.
No obstante, la controversia ha trascendido el ámbito económico. Por ejemplo, publicaciones especializadas en política internacional, así como diversos analistas estadounidenses, han advertido sobre el eventual uso dual —comercial y militar— del puerto en un escenario hipotético de conflicto en el Indopacífico. Aunque no existe evidencia de militarización actual, el debate refleja la creciente competencia estratégica entre Washington y Beijing.
De forma inmediata, China ha rechazado estas hipótesis calificándolas de especulativas. Desde su perspectiva, Chancay forma parte de una estrategia de conectividad comercial orientada a fortalecer el intercambio con América Latina, donde ya es uno de los principales socios comerciales del Perú.
En el frente financiero, la incertidumbre política y regulatoria también ha impactado en la Bolsa de Valores de Lima. La acción de Inversiones Portuarias Chancay (IPCH), socia minoritaria del proyecto, ha mostrado alta volatilidad. Analistas del mercado señalan que el comportamiento del papel responde más a flujos especulativos y a la coyuntura judicial que a fundamentos financieros transparentes, debido a la limitada divulgación de ingresos y márgenes por parte de la operadora.
La recomendación predominante en el mercado es la cautela. Sin información consolidada ni claridad regulatoria, resulta difícil realizar valoraciones estándar.
Una decisión que trasciende los muelles
El Puerto de Chancay representa una redefinición crítica del posicionamiento internacional del Perú en un escenario de competencia entre potencias. Sin caer en simplismos, no se trata de elegir entre China y EE. UU.; se trata de fortalecer inteligentemente la gobernanza interna: reglas claras, supervisión técnica independiente, estabilidad jurídica y transparencia. La neutralidad estratégica implica diversificar alianzas y aprovechar la competencia global sin comprometer la autonomía.
Cierre
Hacia 2027, y con la entrada en operación de su segunda fase, el verdadero examen será demostrar que el Perú puede gestionar esta transformación con madurez institucional. La credibilidad internacional dependerá de la capacidad del Estado para ejercer una regulación coherente y garantizar previsibilidad normativa.
Chancay no debe convertirse en bandera ideológica ni en símbolo de dependencia. Es una herramienta estratégica. Consideramos que su éxito o fracaso no estará determinado únicamente por el volumen de contenedores movilizados, sino por la solidez institucional con que el país administre su regulación, su inserción comercial y su autonomía en un entorno internacional cada vez tan competitivo como complejo.
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