“El Estado nos deja sin acceso a la justicia y eso es lamentable”. Con esa frase, Rosemary Pioc, lideresa awajún y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, resume la situación que enfrentan cientos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde más de 800 casos permanecen impunes, según reveló un informe de Cuarto Poder.
Las declaraciones de Pioc se dieron durante una entrevista en Canal N, tras la difusión del reportaje periodístico que expuso las graves fallas del sistema de justicia en una de las zonas más vulnerables del país. Para la lideresa indígena, no se trata de hechos aislados, sino de una crisis estructural que atraviesa toda la cadena de atención y protección del Estado.
Despidos y desactivación de servicios clave
Rosemary Pioc señaló que el riesgo de impunidad se ha incrementado tras el despido de más de 46 profesionales de la Fiscalía Especializada de Familia en Condorcanqui, así como la desactivación de la Unidad de Víctimas y Testigos, espacios fundamentales para acompañar a las niñas y adolescentes que denuncian abusos sexuales.
A esta situación se suman recortes en otras instituciones. Según indicó, cerca de 10 trabajadores del Sistema de Emergencia Mujer y más de 26 profesionales de la Defensoría Pública fueron cesados, dejando a las víctimas sin defensa legal, atención psicológica ni seguimiento especializado. “Las niñas están quedando solas frente a un sistema que no responde”, advirtió.
El presupuesto como argumento para el abandono
De acuerdo con Pioc, la principal justificación de las autoridades para estos recortes ha sido la falta de presupuesto, incluso en distritos con altos índices de violencia sexual como El Cenepa y Río Santiago. En estas zonas, afirmó, se retiró al personal especializado y se cerraron servicios esenciales.
La lideresa cuestionó que, mientras desde Lima se difunden anuncios institucionales sobre supuestos avances, en el territorio no hay fiscales suficientes, defensores públicos ni profesionales capacitados para atender las denuncias. “La realidad en las comunidades es muy distinta a lo que se comunica oficialmente”, señaló en Canal N.
Niñas sobrevivientes a la violencia sin atención ni protección
Pioc alertó sobre la gravedad de los casos registrados en las comunidades awajún. Indicó que existen niñas de 3, 5 y 10 años contagiadas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de violaciones, muchas de las cuales no reciben atención médica ni psicológica adecuada.
Además, denunció que en varios casos los agresores continúan en libertad y rondan las viviendas de las víctimas, sin que se activen medidas de protección ni custodia. Según precisó, su organización no ha identificado ningún agresor encarcelado por estos delitos en la provincia.
Barreras geográficas, económicas y lingüísticas
La lideresa awajún sostuvo que las barreras territoriales profundizan la impunidad. A las grandes distancias y la falta de recursos económicos se suma la ausencia de traductores en instituciones clave, lo que impide una atención adecuada a niñas awajún y quechua-hablantes.
Pioc afirmó que el Consejo de Mujeres Awajún recibe denuncias casi a diario y que las comunidades registran más de 1.500 casos de violación, muchos de los cuales nunca llegan a formalizarse ante las autoridades por miedo, desinformación o falta de acceso a servicios básicos.
Pedido urgente al Estado
Frente a este panorama, Rosemary Pioc exigió que no se retire al personal especializado y pidió la implementación de cámaras Gesell con equipos completos en distritos como Santiago, Cenepa y Chiriaco. También solicitó un diálogo articulado, intercultural y sostenido entre el Estado y las organizaciones indígenas para enfrentar la violencia sexual.
“La situación requiere acciones inmediatas y coordinadas”, afirmó, al advertir que el sistema actual no está funcionando y que las niñas awajún continúan sin acceso efectivo a la justicia.
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