La reciente declaración de Iván Paredes, expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), reavivó el debate sobre la efectividad de la seguridad penitenciaria y las presuntas irregularidades en el traslado de reclusos de alto perfil en Perú.
La situación de “Loco Harry”, presunto miembro de la organización criminal “Los Malditos de Bayóvar”, ha situado nuevamente a las instituciones carcelarias en el centro de la atención pública.
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Según trascendió, las versiones sobre un supuesto pago para evitar el traslado del interno volvieron a poner bajo escrutinio los mecanismos internos del sistema penitenciario.
Traslados detenidos y órdenes judiciales
Iván Paredes explicó en entrevista para Exitosa que el traslado de “Loco Harry” desde el penal de Lurigancho hacia Challapalca se detuvo por una orden judicial, no por motivos administrativos o económicos.
El exfuncionario relató que un familiar del interno presentó un hábeas corpus, basado en un fallo judicial de julio de 2025, emitido antes de su gestión, que obligaba a mantener al recluso en Lurigancho debido a una condición de salud mental.
Según Paredes, la directiva señalaba que “Lurigancho contaba con los recursos médicos para atenderlo”, un argumento que la defensa del interno utilizó para frenar el traslado.
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En medio del trayecto, el vehículo penitenciario fue detenido y el interno regresó a Lima en una unidad del INPE. Las versiones periodísticas sugirieron que este movimiento podría haber estado motivado por una transacción ilícita, pero Paredes descartó esta posibilidad y aseguró que “no hubo ningún tipo de pago ni acuerdo irregular. El INPE solo ejecuta las órdenes judiciales”.
Las sospechas sobre corrupción se intensificaron porque el retorno de “Loco Harry” coincidió con rumores sobre pagos para evitar su traslado. Paredes rechazó las acusaciones y afirmó que su salida de la entidad respondió exclusivamente a motivos de salud, como “hipertensión arterial y taquicardia”, que limitaban su capacidad para cumplir con las exigencias del cargo. “No renuncié por presión ni por comisiones”, expresó durante la entrevista.
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Crisis moral
El exfuncionario también hizo referencia a la “crisis moral” que atraviesa el INPE, describiendo un escenario donde “la corrupción y el tráfico de influencias han persistido durante años”.
Según Paredes, su gestión se enfocó en impulsar cambios que encontraron resistencia interna. “El INPE necesita una autoridad físicamente apta y con respaldo institucional para enfrentar estos desafíos”, enfatizó, según recogió Infobae.
Durante su intervención, Paredes respaldó a la actual presidenta de la institución, remarcando que cumple con los requisitos profesionales y subrayó la importancia de que una mujer ocupe esa función en el contexto actual del sistema penitenciario.
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Diversos especialistas coinciden en que episodios como el del “Loco Harry” y denuncias sobre manejos irregulares muestran la complejidad de gestionar la seguridad en los penales peruanos.
La discusión pública sobre la gestión del INPE, los riesgos de corrupción y el papel de la justicia en el manejo de internos peligrosos continúa activa, mientras casos como el de “Loco Harry” ilustran los retos diarios de un sistema penitenciario que busca recuperar la confianza de la sociedad.
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