Esta semana, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), elegida por la Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, se deshizo de los fiscales supremos titulares Delia Espinoza y Pablo Sánchez al destituirla y no ratificarlo, respectivamente.
Espinoza fue destituida por no cederle el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides, a pesar de que fue válidamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos luego de que la anterior JNJ destituyó a la última en mención por remover a la fiscal Bersabeth Revilla. La orden de ceder el cargo provino de la misma JNJ, tras anular “de oficio” la destitución de Benavides y retrotraer su proceso disciplinario.
Desde un inicio, Delia Espinoza advirtió que la resolución de la JNJ era inejecutable porque el cargo de fiscal de la Nación ya lo ejercía ella, por lo que solicitó a los consejeros alcances de su decisión, pero no hubo respuesta.
La misma JNJ decidió abrir proceso disciplinario a Espinoza por el supuesto incumplimiento, que vino acompañado de una suspensión preventiva del cargo. Desde entonces, setiembre de 2025, fue apartada de la institución, luego inhabilitada arbitrariamente por el Congreso en diciembre y destituida por la JNJ este mes.
La destitución se ejecuta de manera inmediata. Espinoza puede interponer recurso de reconsideración, pero resulta poco probable que se revierta la decisión. Una vez que la sanción quede firme, dejará de ser fiscal de la Nación definitivamente. En ese escenario, Tomás Gálvez convocará a elección de un nuevo titular del Ministerio Público.
La venganza contra Pablo Sánchez
En el caso de Pablo Sánchez, su no ratificación resulta más cuestionable ya que estaba a 5 meses de jubilarse obligatoriamente del Ministerio Público ya que cumpliría 70 años, edad límite para mantenerse en la magistratura.
La JNJ sustenta su decisión de cesar a Sánchez por dos procesos disciplinarios concluidos y un “cuestionamiento público”: la supuesta interferencia en una diligencia al local del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Según la JNJ, la suspensión que se le impuso a Sánchez supuestamente percibir triple remuneración del Estado, basada en una interpretación legal controvertida, prueba que incurrió en faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, motivo que justifica no ratificarlo a pesar de que este hecho ya había sido sancionado.
También se considera otro motivo para no ratificarlo el proceso disciplinario por supuestamente recomendara a su hijo para que fuera contratado en el JNE. La anterior JNJ declaró prescrito el caso. Sin embargo, el informe de instrucción del caso, que proponía la destitución de Sánchez, fue traído de nuevo al debate por Cayo Galindo. En su argumentación, Galindo reconoció que “la gravedad que entrañan esas imputaciones hubieran justificado con demasía la imposición de una sanción gravosa como la separación definitiva del cargo, destitución, en caso se hubiera probado en el marco de este procedimiento”. Cabe precisar que Fiscalía investigó este hecho, ante una supuesta comisión de delitos, pero se archivó al no haber elementos suficientes.
El último motivo, dicen, para no ratificarlo es la supuesta interferencia en una diligencia fiscal a la sede del IDL, una mentira que determinado sector político repite para cuestionar al exfiscal de la Nación.
La verdad es que Sánchez Velarde se enteró por la prensa de la existencia de los audios del caso Cuellos Blancos el 7 de julio de 2018. A los días, el exfiscal provisional Rodrigo Rurush acudió acompañado de policías a la sede del IDL para incautar las grabaciones sin una orden superior. El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, se comunicó con Sánchez para denunciar el hecho. Esta comunicación ha sido reconocida por el fiscal.
Sánchez Velarde se comunicó con el fiscal a cargo, Rurush, quien le notificó de manera espontánea su decisión de suspender la diligencia. El acta fiscal correspondiente no consigna ningún mandato del entonces titular del Ministerio Público.
Posteriormente, la fiscal superior Norah Córdova solicitó explicaciones a Rurush y le llamó la atención severamente, según consta en un memorando al que accedió Infobae, por “la falta de diligencia a la vista realizada a la sede del IDL”.
¿Qué le espera al Ministerio Público?
Con las salidas forzadas de Delia Espinoza y Pablo Sánchez, la Junta de Fiscales Supremos queda integrada por Tomás Gálvez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Luis Arce y Juan Carlos Villena.
Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos sufrirá una nueva baja en los próximos meses: la jubilación de Zoraida Ávalos, quien cumplirá este 2026 la edad de 70 años.
Habrá 3 plazas vacantes de fiscales supremos titulares, que deberán ser cubiertas previo concurso público a cargo de la JNJ.
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