Iván Paredes tras su renuncia al INPE: defiende su gestión y acusa a exjefes de permitir ‘cárceles doradas’ para reos

El exjefe del INPE aseguró que recibió una institución “calamitosa”, marcada por corrupción interna y privilegios dentro de los centros penitenciarios

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El exjefe del INPE sostuvo que corrupción está enquistada en todos los niveles de la institución | Video: Exitosa Noticias

Luego de presentar su renuncia a la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes defendió su gestión en una entrevista con Exitosa y aseguró que dejó el cargo tras enfrentar un sistema “profundamente corrupto”, heredado de administraciones anteriores.

Durante la conversación radial, el exfuncionario describió el estado en el que encontró la institución cuando asumió funciones. “La situación del INPE era calamitosa. Desde el primer momento dijimos que había mucha corrupción y que eso se tenía que combatir”, afirmó, señalando que las irregularidades no solo involucraban a internos, sino también a funcionarios que llevaban años en los penales.

Paredes sostuvo que una de sus principales acciones fue remover y rotar a personal que, según él, había convertido sus cargos en espacios de poder personal. “Había funcionarios que estuvieron 10 o 15 años ahí, era su chacra. Nosotros lo que hicimos fue sacarlos y cambiarlos”, indicó.

En ese sentido, atribuyó gran parte de las críticas en su contra a exjefes del INPE que, según dijo, buscan retornar al cargo. En esa línea, cuestionó duramente a sus antecesores José Luis Pérez Guadalupe, Leonardo Caparrós, Javier Llaque, Carlos Erasmo Mendez y Wilfredo Pedraza, y pidió que sean investigados. “Me gustaría que a todos ellos les hagan una investigación por lavado de activos, para ver si es cierto todo lo que hablan”, declaró, acusándolos de no haber realizado cambios estructurales y de permitir el crecimiento de la delincuencia dentro de los penales.

‘Cárceles doradas’ en el INPE

Premier se refirió al futuro
Premier se refirió al futuro de Ivan Paredes Yataco. | INPE

Como ejemplo de las irregularidades detectadas durante su gestión, Paredes reveló que en el penal de Lurigancho se hallaron tres mesas de billar que, según dijo, llevaban más de 10 años dentro del establecimiento. “¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Nosotros ordenamos que se desinstalen y se incineren”, relató, mencionando además el hallazgo de celulares, bebidas alcohólicas, drogas y otros objetos prohibidos.

“¿Cómo es posible que existan cárceles doradas en nuestro país? Y, a raíz de eso, todas esas cosas, todas las gollerías que tenían, nosotros las hemos combatido. Si supieras toda la corrupción que hay y ha habido antes en las gestiones anteriores, realmente es deprimente. Muchos vienen acá a lavarse las vestiduras”, afirmó.

Los cuestionamientos que persiguieron a Iván Paredes

Respecto a los cuestionamientos difundidos por el programa Cuarto Poder, que lo acusan de haber contratado a siete jóvenes sin experiencia por sueldos elevados, Paredes negó tajantemente esa versión y aseguró que la información fue tergiversada. “Es falso decir que se les pagaba ocho mil soles mensuales. Fueron ocho mil soles por tres meses. Eso significa alrededor de dos mil setecientos al mes”, explicó.

Asimismo, defendió la contratación de jóvenes profesionales, señalando que los puestos no eran cargos directivos, sino funciones administrativas. “¿Cómo es posible decir que los jóvenes no pueden asumir un trabajo? Todos hemos sido jóvenes alguna vez”, afirmó, calificando la denuncia como “tendenciosa y deficiente”.

Durante su gestión, también fue vinculado a audios que lo relacionarían con un pedido de dinero para gestionar la excarcelación de un ex policía condenado, hecho que es materia de investigación fiscal. Paredes negó que la voz le pertenezca y rechazó cualquier acto irregular.

Asimismo, se recordó que el exjefe del INPE arrastra indagaciones previas por presunto tráfico de influencias, iniciadas antes de asumir el cargo, las cuales volvieron al centro del debate tras su designación y posterior renuncia.

A estos cuestionamientos se sumó una sanción administrativa del pasado vinculada a su ejercicio como abogado, antecedente que fue usado por sus críticos para poner en duda su idoneidad. Todo ello ocurrió en medio de una persistente crisis del sistema penitenciario, marcada por problemas de control y seguridad, contexto que terminó debilitando su permanencia al frente del INPE.