Aumento de S/700 al sector público: qué trabajadores accederían a esta alza de su salario y desde cuándo

Los trabajadores del sector público han vuelto a poner sobre la mesa una de sus principales demandas económicas en un contexto marcado por el aumento del costo de vida, la presión inflacionaria sobre los alimentos y los servicios, y la persistente brecha salarial entre los distintos regímenes del Estado. Con el inicio formal de la negociación colectiva 2026-2027, los gremios estatales buscan cerrar un acuerdo que impacte directamente en los ingresos de miles de servidores a nivel nacional.

La propuesta ya fue presentada ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se encuentra en evaluación por el Ejecutivo que lidera José Jerí, en una etapa clave del calendario político y administrativo. El pedido central es claro: un aumento salarial de S/700 mensuales para todos los trabajadores públicos, sin distinción de régimen laboral, con una fecha de aplicación definida que podría concretarse antes del cambio de gobierno, si las partes logran un acuerdo dentro de los plazos legales.

Aumento de S/700: qué plantea la negociación colectiva del sector público

De acuerdo con el proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2026–2027, al que accedió Infobae Perú, el incremento solicitado figura de manera expresa en la denominada Cláusula Cuarta: Incremento Remunerativo. El texto establece que el Gobierno convendría con las organizaciones sindicales un incremento de S/700 mensuales, efectivo a partir del 1 de enero de 2027, en favor de los servidores de todos los regímenes laborales del sector público.

Esto implica que el pedido no hace distinciones entre modalidades de contratación ni carreras especiales. El alcance incluye a los trabajadores comprendidos en los siguientes regímenes:

• Decreto Legislativo N.° 276
• Decreto Legislativo N.° 728
• Decreto Legislativo N.° 1057 (CAS)
• Ley N.° 30057 (Servir)
• Ley N.° 29709
• Ley N.° 28091
• Ley N.° 31991

El documento también señala que el Estado peruano mantendría el respeto y cumplimiento de los derechos laborales y beneficios remunerativos ya reconocidos, incorporando este incremento como una mejora generalizada. La propuesta contrasta con lo ocurrido en la negociación anterior, donde los aumentos acordados fueron de S/100 y S/53, dependiendo del régimen laboral.

Desde los gremios, el pedido se sustenta en la pérdida de capacidad adquisitiva acumulada y en la necesidad de una mejora uniforme que reduzca las brechas salariales existentes entre trabajadores que cumplen funciones similares dentro del aparato estatal.

Desde cuándo se aplicaría y cómo avanza el proceso con el Gobierno

La Ley N.° 31188, que regula la negociación colectiva en el sector estatal, establece que el plazo máximo para alcanzar acuerdos es el 30 de junio del año en curso. En ese marco, la propuesta presentada en enero de 2026 podría definirse antes de que asuma el próximo presidente, aunque el propio texto del convenio contempla la posibilidad de extender las negociaciones más allá de esa fecha.

“El ejercicio del derecho a la negociación colectiva no se limita de manera absoluta a los plazos referenciales”, precisa el documento, al señalar que las partes pueden continuar el diálogo si resulta necesario para alcanzar acuerdos efectivos, sin que ello implique infracción o nulidad del proceso.

La iniciativa fue ingresada formalmente a la PCM el miércoles 7 de enero, lo que activa la siguiente etapa conocida como trato directo. Según la normativa vigente, esta fase debe iniciarse dentro de los 10 días calendario posteriores a la presentación del pliego y puede extenderse hasta 30 días desde su inicio. En la práctica, esto sitúa el arranque de las conversaciones directas hacia finales de enero.

Además del aumento salarial de S/700, el pliego de reclamos incluye otros pedidos económicos y laborales, como la equiparación de aguinaldos a un sueldo completo, el otorgamiento de un bono extraordinario desde S/600, la ampliación de la CTS al 100% para determinados regímenes, la reforma del CAFAE, asignaciones familiares, beneficios por escolaridad y propuestas de homologación entre servidores de distintos niveles de gobierno.

La negociación involucra a trabajadores de los gobiernos nacional, regional y local, y abarca a miles de servidores que esperan definiciones concretas sobre mejoras salariales que, de aprobarse, empezarían a regir desde enero de 2027. Mientras tanto, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de aceptar, observar o contraproponer el pliego presentado por las confederaciones estatales, en un proceso que ya concentra la atención del sector público y del ámbito económico.