José Luna Gálvez, congresista y líder de Podemos Perú, impulsa un polémico proyecto de ley que propone una amnistía masiva para el 98% de las multas de tránsito, bajo el argumento de promover la “educación vial” y la reinserción de conductores al sistema formal.
Aunque el texto oficial sostiene que la medida busca mejorar la seguridad en las vías y aliviar la situación económica de los choferes, la iniciativa presenta profundas contradicciones entre el relato oficial y los datos duros, y genera cuestionamientos por su oportuno impacto político en un año electoral.
El proyecto, titulado “Ley que establece un programa de regularización de sanciones en materia de transporte y tránsito terrestre público y privado y garantiza educación y capacitación en seguridad vial para la reinserción y formalización del transporte”, plantea como objetivo central reducir la siniestralidad vial a través de la capacitación. Según la exposición de motivos, se busca que los conductores sean “más educados y concientizados” en el respeto a las normas de tránsito, con el fin de disminuir infracciones y accidentes.
La propuesta establece un programa nacional de regularización de sanciones, con amplias reducciones en el monto de las multas: un 98% para infracciones leves, un 95% para graves y un 92% para las consideradas “muy graves”. Además, se prevé la recuperación de licencias suspendidas o canceladas, siempre que el conductor apruebe cursos y exámenes de seguridad vial.
Pese al discurso de la “concientización”, el propio proyecto reconoce cifras alarmantes. En el primer trimestre de 2025 se registraron 21.749 siniestros de tránsito en el país, un incremento del 3,7% respecto al año anterior. Solo en ese periodo perecieron 707 personas y resultaron heridas 13.895. Lima concentra la mayor parte de estos incidentes, superando incluso lo esperable por su tamaño poblacional. Es decir, mientras se afirma que la ley pretende disminuir los accidentes, se propone una reducción masiva de sanciones, incluso para infracciones muy graves.
Aunque la iniciativa excluye a quienes hayan causado accidentes con lesiones graves o muerte, y a quienes conducían bajo efectos de alcohol o drogas, incluye a una enorme cantidad de infractores recurrentes que, bajo la norma vigente, habrían perdido el derecho a manejar.
En la normativa actual, un conductor pierde de forma definitiva su licencia por acumulación de faltas gravísimas, muchas veces vinculadas a conductas temerarias o atropellos. El articulado de la nueva ley establece que, tras aprobar cursos y exámenes, estos conductores podrían volver a circular, aunque con un periodo de prueba de tres años. Si reinciden en nuevas faltas, la cancelación será definitiva e irreversible.
Este mecanismo es presentado como una especie de “salvavidas” para los conductores más peligrosos del país, quienes podrían reinsertarse al sistema pese a un historial crítico. Para los gremios de transporte, en cambio, representa una oportunidad para recuperar a miles de choferes que hoy están fuera del circuito formal y que podrían reincorporarse tras cumplir con los nuevos requisitos.
Respecto al erario nacional, el documento menciona que “no irroga costo alguno”, pero que sí representa un menor nivel de recaudación de dinero producto de las multas que se reducirían. Es decir, sí representa una pérdida en recaudación.
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