Intervienen a familia en el aeropuerto Jorge Chávez por usar tarjeta clonada para comprar pasajes aéreos con destino a Colombia

A primera hora de la mañana, el movimiento habitual en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedó interrumpido por una verificación precisa en los módulos de control migratorio. Inspectores de Migraciones y agentes de la Policía Nacional del Perú identificaron a una familia que intentaba salir del país con pasajes adquiridos con una tarjeta de crédito clonada. La detección ocurrió en el punto de control previo al embarque, en una zona bajo supervisión constante de ambas instituciones.

El caso involucró a cuatro adultos y dos menores de edad con destino a Colombia. La revisión de la documentación y de los registros de compra permitió establecer el uso de un medio de pago ilícito vinculado a un alto funcionario del Estado. En ese contexto, la entidad confirmó que se trató de una acción directa frente a un posible fraude informático en la fase de salida internacional. Como parte del reporte oficial, se destacó la siguiente afirmación: “un duro golpe contra el fraude cibernético ejecutó Migraciones junto con la Policía Nacional del Perú al detectar a una familia de peruanos que intentaban salir del país con pasajes aéreos comprados con una tarjeta de crédito clonada a un alto funcionario del Estado”.

La intervención se desarrolló bajo la conducción del superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, y de la gerenta general, Liseth Melchor. Ambos supervisaron el proceso de verificación y validación de datos en el sistema de control. Los responsables del operativo confirmaron que la actuación institucional se centró en la detección temprana y en la entrega inmediata del grupo familiar a la autoridad policial para el inicio de las diligencias correspondientes.

Operativo en el área de control migratorio

El procedimiento se activó en el instante en que los inspectores advirtieron inconsistencias en la información de los pasajes. La revisión cruzada permitió identificar el origen irregular de la transacción. El personal en los módulos de control actuó según el protocolo establecido y evitó la salida del territorio. Una parte clave del comunicado institucional incluyó la siguiente cita: “Los inspectores que se encontraban en los módulos de control migratorio del aeropuerto pusieron a disposición de la Policía Nacional del Perú a la familia peruana para las investigaciones del caso”.

La familia permaneció bajo custodia policial dentro de las instalaciones del aeropuerto, conforme al marco legal vigente. La intervención no interrumpió el flujo del resto de pasajeros, debido a que el operativo se ejecutó en una zona delimitada para estos procedimientos. Migraciones informó que la identificación de los involucrados se sustentó en controles documentarios y en consultas al sistema interno de verificación de identidad y tránsito.

La intervención se enmarcó en las políticas de control migratorio vinculadas a la prevención de delitos informáticos que afectan servicios y bienes del Estado. La articulación entre ambas instituciones permitió trasladar el caso al ámbito policial sin demora y con la documentación necesaria para el desarrollo de las pesquisas.

Marco legal y proyección de las diligencias

El hecho quedó asociado a conductas tipificadas dentro de los delitos informáticos contra el patrimonio, específicamente en escenarios de fraude mediante clonación de datos de pago. La normativa vigente establece sanciones para actos que afectan sistemas y datos informáticos con fines de provecho ilícito. En esa línea, el caso pasará a evaluación fiscal con base en los artículos referidos al acceso ilícito y al fraude informático incluidos en la ley correspondiente.

Migraciones señaló que el resultado del operativo refuerza el control en los puntos de salida internacional del aeropuerto Jorge Chávez y muestra la aplicación de medidas de verificación orientadas a la protección del orden interno. En el comunicado oficial se expresó que “Migraciones reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el control migratorio para contribuir con la seguridad y el orden interno del país”

¿Qué dice la ley frente a este tipo de delitos?

Las sanciones establecidas por la Ley 30096 sobre delitos informáticos contemplan diferentes penas según la gravedad y la modalidad de las conductas ilícitas vinculadas al acceso, manipulación y daño de sistemas y datos informáticos en Perú. De acuerdo con esta normativa, el acceso deliberado e ilegítimo a sistemas informáticos, ya sea total o parcial, o el exceso en los permisos otorgados, se sanciona con penas privativas de libertad de entre uno y cuatro años y una multa de treinta a noventa días-multa. Si este acceso se realiza vulnerando medidas de seguridad diseñadas para impedirlo, la condena se eleva a entre tres y seis años de prisión, acompañada de ochenta a ciento veinte días-multa.

Por otro lado, cuando una persona daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos de manera deliberada e ilegítima, la ley prevé una pena de prisión de no menos de tres ni más de seis años y una multa de ochenta a ciento veinte días-multa. La misma sanción se aplica a quienes inutilizan total o parcialmente un sistema informático, impiden el acceso, entorpecen o imposibilitan su funcionamiento o la prestación de servicios.

En lo que respecta a los delitos informáticos contra el patrimonio, específicamente en el caso del fraude informático, la ley señala que quien, de forma deliberada e ilegítima, obtiene un provecho ilícito para sí o para terceros en perjuicio de otro mediante la manipulación de datos, suplantación de interfaces o cualquier interferencia en los sistemas informáticos, enfrenta una pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa de sesenta a ciento veinte días-multa.

Si este tipo de fraude afecta el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o programas de apoyo social, la pena aumenta a cinco a diez años de cárcel y una multa de ochenta a ciento cuarenta días-multa. Además, quien colabora intencionalmente en la comisión de estos delitos facilitando la transferencia de activos, recibe la misma sanción que los autores directos de estos actos. Las penas previstas buscan disuadir conductas que amenacen la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas informáticos y los recursos patrimoniales gestionados digitalmente en el país.