Adulta mayor es víctima de robo de identidad y termina presa por cuenta de ahorros digital usada en extorsiones: “No sabe ni usar celular”

Un dramático caso genera indignación en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM). Una mujer de 80 años de edad permanece recluida en el penal de Ancón II, luego de ser acusada de presuntamente recibir dinero producto de extorsiones a través de una cuenta digital que, según su familia, fue creada sin su conocimiento ni consentimiento.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, todo se inició el último domingo, cuando efectivos policiales llegaron hasta su vivienda para detenerla y trasladarla a la sede de la Depincri de Surco, donde fue informada de que era investigada por los delitos de extorsión y robo, al figurar como titular de una cuenta bancaria utilizada para recibir depósitos ilícitos.

Depósitos mínimos y cuenta investigada

Los hijos de la detenida indicaron que los montos atribuidos a su madre son reducidos: S/ 10, S/ 500, S/ 498 y S/ 198, sumas que, aseguran, no guardan relación con una organización criminal ni con el delito que se le imputa.

Tras revisar la información bancaria, la familia sostiene que la cuenta digital fue aperturada el 16 de septiembre de 2024, y que posteriormente, el 13 de julio de 2025, se habría creado incluso una cuenta en dólares. Sin embargo, los datos registrados —como el número de celular y el correo electrónico— no pertenecerían a la adulta mayor.

Según explicaron, el número telefónico asociado figura a nombre de una persona extranjera de nacionalidad cubana, mientras que el correo electrónico tampoco corresponde a la investigada.

Informe policial

La familia explicó a las cámaras del noticiero Buenos Días Perú que durante la intervención policial, la mujer permitió de manera voluntaria que se revisara su teléfono celular en presencia de fiscales y agentes del orden. El informe policial confirmó que en el equipo no existe ninguna aplicación bancaria ni del Banco Pichincha, entidad donde supuestamente se habría creado la cuenta.

Asimismo, señalaron que no se hallaron correos electrónicos relacionados con las transacciones bancarias, ni llamadas, mensajes o contactos con los presuntos integrantes de la banda criminal, lo que, a su juicio, demostraría que la mujer no tiene ningún vínculo con la red investigada.

Los hijos recalcaron que la adulta mayor no maneja tecnología, no utiliza aplicaciones financieras y depende completamente de su familia para el uso del celular.

Comunicado del Banco Pichincha

Banco Pichincha informó a través de un comunicado que, tras una revisión interna sobre el caso de Aurora Nélida Ortega Villarrubia, no detectó “ninguna vulneración en los canales digitales de la entidad”. Según el documento, la apertura de la cuenta cumplió con todos los controles de seguridad requeridos, entre los que se destacan la “verificación de identidad, biometría facial y prueba de vida”.

La entidad aseguró que mantiene “los más altos estándares de ciberseguridad, los cuales son permanentemente actualizados y modernizados”. La entidad reafirmó su compromiso con la seguridad de la información y la protección de sus clientes.

Detenida padece de cáncer

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra la mujer, decisión que la familia considera injusta. Tras cumplir siete días de detención preliminar en la Depincri de Monterrico, fue trasladada al penal de Ancón II para su clasificación penitenciaria.

La situación se agrava debido a su estado de salud. La mujer es paciente oncológica y recibe tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), además de padecer artrosis y otras dolencias propias de su edad.

Sus familiares sostienen que no se valoró su arraigo familiar ni el hecho de que no representa peligro de fuga, pues vive con sus hijos y depende de ellos para su cuidado diario. Por ello, solicitaron que el proceso se lleve bajo comparecencia restringida o arresto domiciliario.

Piden intervención del Ministerio de la Mujer

Ante lo que consideran una grave vulneración de derechos, la familia hizo un llamado público al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que intervenga en el caso y se revise la situación legal de la adulta mayor.

“No nos negamos a la investigación. Queremos que se esclarezcan los hechos, pero que se tome en cuenta que es una persona de 80 años, enferma, que no va a resistir estar en prisión”, manifestó una de las hijas.

Mientras tanto, la familia continúa a la espera de un informe oficial de la entidad bancaria que permita esclarecer cómo se creó la cuenta digital a nombre de la mujer y quiénes serían los verdaderos responsables de su uso para fines ilícitos.