La violencia asociada a la minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, volvió a quedar en evidencia tras un enfrentamiento armado ocurrido la madrugada del 31 de diciembre en la bocamina Papagayo, ubicada en el sector Morena del anexo de Vijus. El hecho dejó tres personas fallecidas por impactos de bala y dos detenidos, según información confirmada por la Policía Nacional y la Compañía Minera Poderosa.
De acuerdo con la empresa minera, su personal de seguridad se trasladó a la zona luego de escuchar disparos y encontró los cuerpos sin vida de personas que, presuntamente, habrían ingresado de manera ilegal al área de minado con la intención de sustraer mineral. La compañía señaló que el enfrentamiento se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control territorial.
Este episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados en la zona. Según cifras mencionadas por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, solo en 2025 se han registrado 49 muertes vinculadas a la minería ilegal, pese a que Pataz se encuentra en estado de emergencia desde hace casi dos años, sin resultados efectivos en la reducción de estos crímenes.
Estrategia con resultados limitados
En entrevista a RPP, el periodista y analista social Iván Arenas explicó que el Ejecutivo ha desplegado en Pataz una estrategia de contención frente a la minería ilegal y la minería informal mediante el Comando Unificado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según indicó, esta presencia estatal ha tenido cierto nivel de funcionamiento.
No obstante, Arenas advirtió que existen serias limitaciones operativas que impiden resultados sostenibles. “Por más que exista un Comando Unificado de Pataz, hay que entender una cosa: no existe Policía, ni existe cuerpo militar que esté especializado en la entrada a socavones o bocaminas”, señaló durante la entrevista.
El analista remarcó que esta carencia estructural reduce la capacidad del Estado para intervenir directamente en los espacios donde se desarrolla la actividad ilegal. En ese contexto, sostuvo que la estrategia actual se limita a una contención superficial, sin afectar de manera decisiva el núcleo de las operaciones criminales.
Desplazamiento del delito
Arenas explicó que la presión ejercida en Pataz ha generado un efecto de desplazamiento de las organizaciones criminales hacia otras áreas de la región y zonas colindantes. “Al entrar al desarrollo de acciones en Pataz, evidentemente estos mineros ilegales y las plantas de procesamiento que los financian iban a retirarse a otras zonas”, indicó.
Entre las áreas mencionadas figuran Vijus, Quiruvilca, Santiago de Chuco y Huamachuco, así como otras localidades de la sierra liberteña y regiones aledañas como Cajamarca. Según el analista, este movimiento responde a la lógica de un territorio interconectado que facilita la continuidad de las economías ilegales.
“Hay que entender que todo eso es un corredor de minería ilegal. O sea, no solamente es Pataz”, enfatizó Arenas en RPP, al señalar que la problemática supera ampliamente los límites provinciales y requiere una visión territorial más amplia por parte del Estado.
Minería ilegal y narcotráfico
Durante la entrevista, Arenas advirtió que este corredor minero ilegal se conecta directamente con rutas del narcotráfico que atraviesan zonas como Tocache, Huacrachuco y Siguas, siguiendo el eje del río Marañón. “Es un corredor donde se encuentra la minería ilegal y el narcotráfico”, precisó.
El analista sostuvo que, si la intervención estatal se concentra únicamente en Pataz, el impacto será limitado, ya que las redes criminales operan de manera articulada a lo largo de todo el corredor. “Si nosotros solamente actuamos en Pataz, evidentemente estamos actuando en una zona”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que la respuesta del Ejecutivo debe considerar la dimensión regional del problema y reconocer la interacción entre distintas economías ilegales que se fortalecen mutuamente.
Falta de trazabilidad, fiscalización y formalización
Finalmente, Arenas planteó que la estrategia contra la minería ilegal debe incorporar la trazabilidad de toda la cadena productiva. “Esto es una cadena productiva ilegal, donde hay financistas, comercio, mercados y plantas de procesamiento”, sostuvo.
Detalló que, mientras el Ministerio de Energía y Minas registra alrededor de 220 plantas de procesamiento formales, existirían cerca de 2.000 plantas ilegales o informales en el país. En ese contexto, cuestionó el rol de los gobiernos regionales en la fiscalización de estas instalaciones.
“El problema no se resuelve solo con contención en el nivel de producción”, advirtió. Según indicó, se requiere una estrategia territorial integral y una política clara de formalización minera, proceso que —según afirmó— actualmente carece de liderazgo definido. “De momento no tenemos una estrategia ni una persona encargada de la formalización”, concluyó el analísta.
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