A 66 días de iniciado el estado de emergencia, el balance presentado por Óscar Arriola muestra una reducción en las denuncias por extorsión, uno de los delitos más sensibles para la ciudadanía. Según detalló, desde el 22 de octubre —fecha en que se activó la medida— se han registrado 1.756 denuncias por este delito. En contraste, en un periodo similar previo, comprendido entre el 17 de agosto y el 21 de octubre, se contabilizaron 2.363 casos.
Esta comparación evidencia una disminución significativa. “De las denuncias de las extorsiones en un 23 %”, precisó. Asimismo, subrrayó que la evaluación debe realizarse sobre periodos equivalentes para medir con mayor precisión el impacto de las acciones desplegadas durante la emergencia.

Victimización y percepción<b> </b>
Más allá de las denuncias policiales, Arriola sostuvo que los resultados también deben analizarse a partir de las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con el reporte de enero a septiembre de 2025, la tasa de victimización pasó de 27,1% —nivel registrado tanto en 2023 como al cierre de 2024— a 25,1%, lo que representa una reducción de dos puntos porcentuales.
En esa línea, remarcó que estos datos corresponden a una fuente oficial y metodológicamente diseñada para medir victimización, lo que les otorga un peso técnico distinto a otros registros administrativos. Asimismo, señaló una variación de 0,9 puntos en la percepción, aspecto que, si bien no siempre avanza al mismo ritmo que las cifras objetivas, también forma parte de la evaluación integral de la seguridad ciudadana.

Arriola hizo una distinción clara respecto a otras bases de datos que suelen ser utilizadas en el debate público. Indicó que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) no mide victimización ni fenómenos criminales, ya que su categoría de “muertes violentas” incluye fallecimientos por accidentes de tránsito y laborales. Por ello, sostuvo que no resulta adecuado emplearlo como único parámetro para evaluar la criminalidad.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
De cara a las próximas semanas, Arriola adelantó que el Ejecutivo anunciará la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual ha sido presentado como el principal legado del actual gobierno. Según explicó, el presidente José Jerí lo anunció tanto públicamente como en la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en enero próximo.
Este plan,indicó, está concebido como una política de corto plazo orientada a una lucha frontal contra dos delitos prioritarios: el sicariato y las extorsiones. Arriola señaló que el enfoque recoge principios de la teoría de las ventanas rotas y del denominado plan Bratton, aunque con una actualización acorde a la realidad actual, con actos criminales más violentos.
En ese sentido, precisó que el propio mandatario reconoció que, si bien estas estrategias se aplicaron originalmente en 2002, hoy requieren ajustes vinculados al uso de tecnología, a la mayor violencia de los delitos y a la complejidad de las organizaciones criminales. La esencia, sin embargo, se mantiene: intervenir de manera temprana en los espacios donde se deteriora el orden para evitar la expansión del fenómeno criminal.
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