Una alerta sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa) puso en el centro del debate la seguridad de la insulina Wosulin-N, un medicamento de origen indio distribuido en hospitales públicos y farmacias peruanas. La decisión de inmovilizar y retirar este producto, esencial para el tratamiento de la diabetes, responde a la detección de graves irregularidades en su fabricación, lo que ha generado preocupación entre pacientes, médicos y organizaciones civiles.
Mientras las autoridades aseguran que la insulina utilizada en el sistema público cuenta con registro sanitario y certificados de análisis conformes, la persistencia de su distribución y venta en establecimientos de salud y boticas cercanas revela una brecha entre la normativa y la realidad cotidiana.
El informe de Punto Final expone que, pese a la orden de retiro emitida el 27 de noviembre por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la insulina Wosulin-N sigue llegando a manos de pacientes. La alerta se fundó en la detección de manipulación de datos, impurezas, posibles toxinas y deficiencias en las buenas prácticas de fabricación del laboratorio Wockhardt Limited, con sede en la India. Esta situación ha obligado a los usuarios a enfrentar una difícil disyuntiva: continuar un tratamiento potencialmente riesgoso o suspenderlo y exponerse a consecuencias para su salud.
La escasez de alternativas intensificó la presión sobre el sistema de salud. Madres de niños con diabetes denuncian que, a pesar de la alerta, la insulina cuestionada sigue siendo recetada y entregada en hospitales públicos. Organizaciones como la ONG Lucas, una misión de vida exigen el cumplimiento efectivo de las normativas que garantizan el acceso a insulinas seguras, tiras reactivas y jeringas, señalando que las disposiciones vigentes no se aplican de manera adecuada.
Magnitud del problema y riesgo para los pacientes
Según estimaciones internacionales citadas por Punto Final, en el Perú existen aproximadamente 1,3 millones de personas diabéticas mayores de veinte años, una cifra que ha ido aumentando y que se proyecta mantendrá esa tendencia en los próximos años. Durante al menos cinco años, insulinas fabricadas en la India fueron comercializadas en el país sin contar con todas las certificaciones sanitarias requeridas, siendo importadas por distribuidoras que las vendieron tanto a farmacias como al Estado peruano.
El retiro de la insulina Wosulin-N no solo ha provocado problemas de abastecimiento, sino que también evidenció una falla estructural en el sistema público de salud. La unidad de investigación de Latina Noticias accedió a registros que revelan la existencia de 277 medicamentos de uso frecuente en hospitales y centros de salud públicos que han sido vetados o suspendidos por representar un riesgo para los pacientes. Entre estos fármacos se encuentran tratamientos clave para cáncer, VIH, enfermedades cardiovasculares, infecciones bacterianas, trastornos mentales y medicamentos básicos para el dolor.
El representante del Colegio Médico, Víctor Dongo, advirtió en el dominical sobre la gravedad de la situación: “Hay un problema con un medicamento que es utilizado continuamente y es un medicamento que viene de la India. Es el Wosulin. Digemid lo ha retirado porque hay un problema con ese medicamento y puede generar hasta problemas mortales”. El experto indicó que no solo este producto, sino decenas de medicamentos, no han superado la evaluación de Digemid.
Respuesta de las autoridades
La respuesta oficial del Ministerio de Salud llegó a través de un comunicado en el que la entidad aseguró: “La insulina utilizada en el sistema público (laboratorio Wockhardt Limited) contó con registro sanitario y certificados de análisis conformes. Es falso que se haya distribuido un producto ‘inseguro’; cada lote fue rigurosamente analizado antes de su uso, garantizando la salud de los pacientes”. El Minsa informó que en septiembre de 2025, tras una inspección técnica en la India, la Digemid detectó que el fabricante no subsanó observaciones en sus procesos, por lo que se denegó la certificación y se suspendió su registro sanitario, en cumplimiento de la Ley N.º 29459.
El comunicado también destacó que el Minsa y EsSalud disponen de stock de insulina procedente de laboratorios con certificación de un país de alta vigilancia sanitaria, lo que garantiza la continuidad de los tratamientos. Además, se reafirmó que la insulina humana sigue siendo una alternativa terapéutica segura, respaldada por las Guías de Práctica Clínica del sector Salud.
El Ministerio enfatizó: “No permitiremos el uso de medicamentos que no garanticen el 100% de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura”.
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