En una operación que revela la magnitud y sofisticación de las redes narcotraficantes en Sudamérica, autoridades de Perú, España y Argentina lograron incautar cinco toneladas de cocaína transportadas en maquinaria pesada a través de rutas que conectaban Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. El caso expuso el nivel de involucramiento de funcionarios públicos y empresarios en una estructura criminal dedicada a exportar drogas a Europa y Asia.
Esta investigación, revelada por Cuarto Poder, da cuenta de cómo la organización operaba bajo una fachada de legalidad comercial, aprovechando el auge de exportaciones y el dinamismo en los puertos peruanos para camuflar enormes cargamentos de droga. A través del uso de tornos industriales, trituradoras y calderos procedentes de Colombia, el grupo criminal introducía las sustancias ilícitas ocultas en el interior metálico de las maquinarias, burlando controles y simulando transacciones comerciales legítimas.
El tráfico disfrazado de comercio internacional
La organización criminal utilizaba contenedores cargados con maquinaria pesada para mover la droga desde el puerto de Paita, en Perú, hacia Europa y Asia. Según las investigaciones, al menos treinta equipos industriales fueron empleados como depósitos clandestinos de cocaína colombiana, siendo acondicionados de tal manera que los agentes antidrogas solo detectaron los paquetes con inspecciones minuciosas o tras alertas puntuales.

Los registros evidencian la existencia de envíos millonarios desde 2020. Uno de los golpes más importantes ocurrió en marzo de 2024, cuando se hallaron ochocientos kilos de cocaína oculta en equipos pesados en el puerto de Paita. En los meses siguientes, decomisos similares se repitieron en Sullana, Arica y Tacna, llegando al punto en que en agosto del mismo año, las incautaciones se extendieron hasta el puerto de Algeciras, España, donde las autoridades intervinieron quinientos kilos de droga camuflados en maquinaria exportada desde Sudamérica.
Nexo entre altos funcionarios y la red internacional
Uno de los aspectos más destacados del caso es la implicancia de Mario Isaac Moncada Marchena, perito contable de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, sindicado como coordinador local de la organización. Moncada Marchena habría ejercido como nexo logístico y legal, validando operaciones y brindando cobertura formal al movimiento de máquinas contaminadas con droga.
De acuerdo a los informes policiales, Moncada era el responsable de articular procesos que otorgaban apariencia legítima a los cargamentos. Fundó, además, la empresa Import and Export Mobile S.A.C., señalada como pieza logística clave en el envío de un torno industrial lleno de cocaína hacia España en diciembre de 2023. Actualmente, Moncada permanece prófugo y su paradero es desconocido para las autoridades, tal como confirmaron fuentes judiciales a Cuarto Poder.

Estrategias logísticas y elección de puertos alternos
La red criminal eludía los controles tradicionales del puerto del Callao y prefería utilizar terminales alternativos, como el de Paita en Piura, para sacar los cargamentos hacia el extranjero. Esta decisión respondía, según los investigadores, a la menor vigilancia sobre la exportación de maquinaria pesada en comparación con los embarques habituales de productos agrícolas o mineros.
En uno de los operativos en Paita, se encontraron ochocientos treinta y tres paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en una trituradora supuestamente destinada a Hamburgo, Alemania. La maquinaria fue adquirida mediante empresas de fachada, como Inversiones Omnu y Green Global 2M Perú, ambas gestionadas por Luis Antonio Ruíz Álvarez, quien aparece como otro de los puntales empresariales del esquema criminal. Estas sociedades simulaban ventas rápidas entre sí para dar trazabilidad legal a la maquinaria que transportaba la droga.
Rutas internacionales, cooperación policial y cifras millonarias

El operativo conjunto de la DIRANDRO, la DEA, y autoridades de España y Argentina permitió reconstruir el itinerario internacional de la droga. Parte de la cocaína incautada tenía como destino final Europa, con un valor estimado de cien millones de dólares, mientras la otra porción iba dirigida al mercado asiático, en una operación total que, según cálculos oficiales, movía cerca de doscientos cincuenta millones de dólares.
Las detenciones incluyeron a siete ciudadanos españoles, cuatro argentinos y cuatro peruanos, aunque el principal operador financiero aún continúa en fuga. Los datos extraídos de celulares, declaraciones y monitoreo de embarques revelaron cómo cada tramo del traslado era coordinado desde distintos países, utilizando empresas de importación-exportación como pantalla. El caso permanece abierto, mientras las investigaciones continúan para dar con el resto de los implicados y desarticular todas las ramas de esta red transnacional.
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