Un aumento cercano al 200% en los pagos administrativos de la Universidad Nacional de Piura ha provocado una fuerte reacción entre los estudiantes, quienes afirman que la medida afecta gravemente la economía de sus familias y compromete su permanencia en la educación superior. La decisión fue implementada durante una huelga docente y fue criticada como una muestra de desconexión con la realidad socioeconómica de una comunidad compuesta mayoritariamente por jóvenes con recursos limitados.
La nueva política no solo encarece las matrículas, sino también servicios esenciales como constancias, exámenes sustitutorios y carnés, lo que, de acuerdo con los manifestantes, restringe el acceso y la continuidad educativa en una universidad pública.
Los alumnos señalaron que la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) no se producía desde hacía más de doce años; sin embargo, consideran que el ajuste actual es excesivo. Melanie Sosa, alumna de Ingeniería de Minas, expresó su rechazo y alertó sobre las repercusiones para quienes dependen de becas o vienen de otras regiones. “No podemos dejar que esto continúe”, afirmó Sosa, quien indicó que no descartan intensificar las manifestaciones si no se atienden sus demandas.
La joven detalló que la matrícula, anteriormente de trescientos cincuenta soles, ahora ronda los quinientos soles. La constancia de egreso alcanza los novecientos soles y los exámenes sustitutorios han pasado de seis a cincuenta soles. Procesos administrativos básicos varían entre veinte y treinta y ocho soles.
La indignación crece porque, según los estudiantes, “esto no ocurre en otras universidades públicas donde los costos son mínimos“. Consideran que las nuevas tarifas se asemejan a las de una institución privada y no se ajustan a la realidad económica de Piura. “Un estudiante promedio no gana esa cantidad. Medio tiempo ganan entre trescientos cincuenta y cuatrocientos soles. Resulta una falta de respeto a los estudiantes de una universidad nacional y de la región Piura”. La carga es aún mayor para quienes provienen de fuera de la ciudad, pues enfrentan gastos extra de alojamiento y manutención.
Inestabilidad institucional y dificultades académicas
La protesta surge en un contexto de inestabilidad institucional caracterizado por huelgas de docentes y cambios frecuentes en el rectorado. Los alumnos han enfrentado, en los últimos años, dos huelgas indefinidas y tres cambios de rector, una situación que ha afectado la continuidad académica y la reputación de la universidad. La reciente huelga docente del tres de noviembre coincidió con la aprobación del alza en los pagos administrativos, lo que dificultó una reacción oportuna de la comunidad.
Una de las voceras relató: “Nos hemos atrasado más de dos veces en lo que va de la carrera debido a las huelgas. Además, hemos tenido más de tres rectores en poco tiempo, una situación que no nos beneficia como estudiantes”.
El ciclo académico se ha extendido hasta enero, alterando los planes de quienes suelen viajar a sus lugares de origen en las festividades. La presión de los exámenes y la reorganización de clases ha reducido la capacidad de los estudiantes para movilizarse, aunque han presentado documentos formales exigiendo la revisión de los incrementos. Una representante indicó que el avance institucional es lento: “Se ha presentado un documento, pero ese documento ha sido retenido, va un cuarenta por ciento”.
Reclamos y acciones estudiantiles
La principal demanda es que autoridades y docentes escuchen los reclamos y reconsideren el alza de los pagos TUPA. El pedido insiste en que la universidad debe priorizar la formación profesional y no transferir costos excesivos a los alumnos. “Es un llamado a todos los profesores para que conozcan la situación de los estudiantes; esto es un abuso contra nosotros”, manifestó una vocera, quien solicitó acelerar el diálogo y establecer mesas de negociación para buscar soluciones.
La movilización estudiantil no es un hecho aislado. Los representantes han anunciado que continuarán con más protestas y buscarán sumar a más facultades si persiste la falta de respuesta. La expectativa es que la presión social lleve a las autoridades a revisar una medida que, consideran, no refleja la realidad económica de Piura y cuestiona el carácter público y accesible de la educación superior en la región.
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