Las comunidades asháninkas de la cuenca del río Autiki, en la selva central, alertan un incremento de amenazas, hostigamientos y contaminación debido al ingreso y expansión de mineros ilegales e informales en su territorio. Dirigentes locales sostienen que los grupos mineros han intensificado presiones, sobornos y actos de amedrentamiento, en un escenario marcado por la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por el Congreso y la ausencia de medidas estatales que garanticen su seguridad y derechos.
Desde septiembre, los mineros extendieron sus operaciones sobre el cauce del Autiki, removiendo arena, piedras y tierra para extraer oro. Esto, denuncian a Infobae Perú las comunidades y el Frente de Defensa del Río Autiki, ya está afectando el agua, la pesca, la agricultura y un aspecto central de la cosmovisión asháninka: la relación espiritual y de memoria histórica con el río.
Operativos insuficientes y denuncias contra la Policía
El jueves 4 de diciembre se llevó a cabo el tercer operativo interinstitucional para retirar a los mineros, con participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Policía de Chanchamayo y el propio Frente de Defensa. Sin embargo, los dirigentes -cuyos nombres permanecen en reserva por cuestiones estrictamente de seguridad- aseguran que acciones anteriores fracasaron porque efectivos policiales de Pichanaki habrían alertado con anticipación a los mineros, quienes abandonaban el área antes de ser intervenidos.
“Eso impide sanciones y les permite regresar casi de inmediato”, señalan los organizadores del operativo.
El avance del amedrentamiento
La tensión en el territorio se ha agudizado. Testimonios de comuneros indican que se sienten vigilados y hostigados por mineros que los interceptan o los acusan de grabar y reportar información. El clima de inseguridad se extiende tanto en caminos como en las propias riberas.
Durante la asamblea realizada hoy en la Comunidad Nativa de Aot, uno de los dirigentes denunció que “hay líderes que han sido sobornados con dinero por mineros ilegales”, comenta que habrían ofrecido hasta S/.5000 a algunos de ellos, lo que estaría generando fracturas internas y debilitando la defensa territorial.
El presidente del Comité de Defensa Ambiental de la Cuenca del Río Autiki – Pichanaki, señaló que esta actividad “depredatoria e ilegal” ya muestra consecuencias evidentes: contaminación del agua, desaparición de peces, desvío del cauce y deslizamientos en las riberas.
Un territorio con 12 licencias del REINFO y sin consulta previa
En la cuenca existen al menos 12 licencias del REINFO otorgadas sin procesos de consulta previa, pese a tratarse de territorio indígena. Los dirigentes remarcan que esta vulneración es previa incluso al REINFO: comenzó cuando se entregaron concesiones mineras sobre tierras asháninkas sin respetar el derecho al territorio integral ni la consulta previa.
Una dirigenta asháninka explica que el Autiki es más que un recurso hídrico. “El río es nuestra fuente de vida y soberanía alimentaria. De ahí viene el agua para los cultivos y la pesca que sostiene a nuestras familias”, señala. Además, recuerda que el Autiki es un espacio de espiritualidad y memoria, vinculado a la alimentación ancestral y a la sanación colectiva.
Una amenaza que crece a nivel nacional
Lo que ocurre en el Autiki se enmarca en un fenómeno que avanza en todo el país. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal genera pérdidas fiscales anuales de más de S/ 7,500 millones y mueve más de US$ 12 mil millones, convirtiéndose ya en dos tercios de las economías ilegales del Perú.
En la Amazonía, el diario The Guardian reportó que más de 140,000 hectáreas de bosque han sido destruidas desde 1984 por la minería de oro. El IIAP estima que más de 3,000 toneladas de mercurio terminaron en los ríos amazónicos en las últimas dos décadas, con impactos devastadores en los ecosistemas y en las poblaciones que dependen del agua para alimentarse.
“El río es vida y sin él no hay futuro”
Las comunidades recuerdan que su lucha no es solo espiritual o territorial, sino una denuncia concreta de irregularidades institucionales, vulneración de derechos y falta de protección estatal.
“Este río nos da alimento, agua, historia y vida. Si lo contaminan, ¿qué será de nuestros hijos?”, dijo un comunero durante la asamblea.
Al cierre de la reunión, las autoridades asháninkas hicieron un llamado urgente a las instituciones del Estado, organismos de fiscalización y medios de comunicación para visibilizar la situación. Advirtieron que, si no se actúa con rapidez, la cuenca del río Autiki podría llegar a un punto de no retorno.
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