
Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) retiraron portones y muros instalados por la empresa Villaverde Company SAC, vinculada al empresario Zamir Villaverde, los cuales bloqueaban el acceso a la playa Los Lobos, en Cerro Azul.
Durante la diligencia, que se llevó a cabo en el kilómetro 125.1 de la Panamericana Sur, un agente de seguridad privado quedó detenido por una confrontación.
El Poder Judicial reprogramó el operativo para hoy, viernes 5 de diciembre, el operativo, obedeciendo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó liberar la vía pública. “Nuestra presencia es para que se ejecute una diligencia judicial”, dijo un miembro de la PNP en respuesta a los cuestionamientos de Villaverde.
El empresario discutía constantemente con los agentes que intentaban cumplir con la orden del TC. En un momento de la trifulca, su personal de seguridad intentó bloquear el paso a la comisión.

¿De qué trata el caso?
El Tribunal Constitucional resolvió un habeas corpus presentado en 2023 por Jaime Mario Lature y Beatriz Isabel Zorrilla, quienes denunciaron que Villaverde Company SAC instaló portones que impedían el tránsito vehicular y peatonal hacia sus viviendas en Playa Los Lobos. El máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda al determinar que dichas barreras vulneraban el derecho al libre tránsito, previsto en el artículo 2 de la Carta Magna peruana.
Como consecuencia, el TC ordenó a la empresa retirar los tres portones y cualquier otra estructura que obstaculizara el acceso público en la zona. La sentencia también dispuso que autoridades locales coordinasen el operativo para ejecutar el fallo. Para hacer efectiva la medida, una comitiva policial y municipal se desplazó a la playa este viernes, continuando con las acciones para restablecer la libre circulación.
Esta intervención no fue la primera relacionada con el caso. El 26 de noviembre ya se había intentado iniciar el retiro de las estructuras, con participación de funcionarios de la municipalidad de Cerro Azul y efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, esa diligencia no se completó debido a impedimentos en el terreno y resistencia de algunos ocupantes.

El suceso reciente se suma a otras controversias en las que Zamir Villaverde ha estado involucrado. En agosto, un adulto mayor obtuvo un fallo de habeas corpus para recuperar el acceso a su vivienda en el condominio Los Delfines, de donde el emprsario habría restringido el ingreso incluso a familiares del afectado, según denunció el programa Cuarto Poder. El mismo denunciante reportó el robo de pertenencias y acusó al empresario de hurto agravado.
La trayectoria de Villaverde registra antecedentes judiciales y disciplinarios desde hace más de dos décadas. En 1999, la Fuerza Aérea del Perú lo expulsó por “atentar contra el decoro y disciplina”.
En 2007 y 2009, fue implicado y condenado por delitos graves, como asalto y robo. En 2022, la Fiscalía lo investigó por presuntamente integrar una organización vinculada al expresidente Pedro Castillo, donde Villaverde reconoció pagos al exministro Juan Silva.
Desde 2023, suma nuevas denuncias policiales y sigue bajo proceso fiscal, al tiempo que permanece como apoderado de la empresa de seguridad Centinel (antes Vigarza), la cual mantiene contratos con entidades públicas y enfrenta procesos por lavado de activos.
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