La noche de este miércoles, Martín Vizcarra, expresidente de la República, fue ingresado al penal de Barbadillo en el distrito de Ate. Allí deberá cumplir una condena de catorce años de prisión tras ser hallado culpable por delitos de corrupción relacionados con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La ejecución inmediata de la sentencia reflejó el endurecimiento de la respuesta institucional peruana frente a funcionarios de alto rango involucrados en escándalos de sobornos.
El fallo, dictado por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial, marcó otro episodio en la historia de expresidentes peruanos enjuiciados, encarcelados y procesados por corrupción en las últimas décadas. La sentencia también impuso a Vizcarra el pago solidario de una reparación civil por S/ 2.336.000, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante nueve años, dejando en evidencia el peso de las sanciones adoptadas contra la exautoridad.
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Durante el periodo 2011-2014, cuando Vizcarra ejercía como gobernador regional de Moquegua, se comprobó que solicitó y aceptó sobornos de los consorcios Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecerlos en la adjudicación de proyectos de gran envergadura en la región.

Según la resolución del tribunal, estas prácticas delictivas incluyeron la exigencia del 2% del monto total del proyecto Lomas de Ilo, además de condicionar la firma del contrato del Hospital de Moquegua al pago de S/ 1.300.000. El tribunal validó diversos testimonios y dictámenes periciales que permitieron acreditar los cobros, los mecanismos y su presencia en Lima durante la realización de los pagos.
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El operativo de traslado: fuerte resguardo y rapidez sin incidentes
El traslado de Martín Vizcarra desde la sede judicial hasta el penal de Barbadillo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú salieron junto a Vizcarra, quien estuvo acompañado en todo momento por su abogado, tras concluir la lectura del fallo. El exmandatario, a la salida del recinto, levantó el pulgar en señal de despedida antes de abordar un vehículo oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el que fue precedido y seguido de una doble fila de patrulleros a lo largo de todo el trayecto.
De acuerdo a lo que reportó Exitosa, la caravana sufrió un breve retraso en la plaza Manco Cápac, en el Cercado de Lima, aunque el camino hasta el penal transcurrió sin contratiempos ni manifestaciones. A las 21:21 horas, la comitiva cruzó los portones del penal de Barbadillo, un recinto que se ha convertido en símbolo de la lucha anticorrupción en el país y que actualmente alberga a otros exmandatarios como Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Personal del INPE realizó el registro de ingreso sin que se conocieran protestas o expresiones de apoyo en el exterior.
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Una sentencia con fundamento en pruebas y testimonios
La condena contra Martín Vizcarra se desglosa en seis años de prisión por el caso Lomas de Ilo y ocho años por el Hospital de Moquegua, sumando un total de catorce años, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del tribunal, fundamentó la resolución en la existencia de evidencia sólida acerca de los pagos ilícitos recibidos a través de sobres manila con cantidades de S/ 400.000 y S/ 600.000, entregados en las oficinas de Obrainsa en Lima.
El fallo se apoyó en informes físicos y testimonios que confirmaron que dichas sumas podían ser transportadas en ese tipo de sobres y que el entonces gobernador visitó la capital en las fechas claves. En el caso del Hospital de Moquegua, declaraciones de exdirectivos de ICCGSA y de José Manuel Hernández revelaron que el acuerdo ilegal permitió canalizar el soborno en dos entregas por intermedio de la empresa Mzarq y una caja fuerte privada.
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El tribunal resaltó la responsabilidad del acusado por su papel como presidente del directorio del proyecto Pasto Grande, a cargo de los recursos y los procedimientos de adjudicación de obras de la región. La participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se limitó a recomendar al consorcio seleccionado, pero la decisión quedó en manos del Gobierno Regional de Moquegua.
El Ministerio Público, a través del fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, había solicitado una pena de quince años, pero el tribunal dictó una de catorce. La ejecución de la pena se dispuso de inmediato, impidiendo la libertad durante el proceso de apelación.
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Reacciones: rechazo, denuncias en redes y repercusiones institucionales
Tras su condena, Vizcarra recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para rechazar el fallo y lanzar duros cuestionamientos contra lo que describió como persecución política. “Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha”, afirmó Martín Vizcarra. En un segundo mensaje, reiteró su protesta: “Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”.
Desde sectores institucionales, autoridades judiciales y representantes del Ejecutivo reafirmaron el compromiso de combatir la corrupción y reforzar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La permanencia de Vizcarra en el penal barbadillense constituye un mensaje acerca de la ejecución de sanciones ejemplares, sin distinciones, sobre altos funcionarios hallados culpables en procesos judiciales.
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La condena de catorce años y su traslado a Barbadillo se suma a una larga lista de expresidentes peruanos enfrentados a la justicia, reflejo de una crisis institucional que continúa marcando la política nacional y que deja abierta la discusión sobre el futuro de las reformas en la administración pública.
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