El Gobierno de Perú anunció la preparación de una reforma integral del sistema penitenciario que incluye cambios de autoridades y una reingeniería total del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Así lo declaró el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, durante una entrevista en la que detalló los alcances y objetivos de esta ambiciosa reorganización en caso de que el Congreso otorgue las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
En diálogo con RPP, el premier explicó que la reforma no busca simplemente remover funcionarios para luego mantener la estructura existente, sino que propone “cambiarle la naturaleza misma a la institución penitenciaria”, incorporando principios semicastrenses y una nueva filosofía en la formación de sus agentes.
El premier señaló que el proceso implica el reemplazo de autoridades y el rediseño de la política interna del INPE, con el fin de garantizar un enfoque más eficiente y seguro en los centros de detención. Consultado sobre la posible salida de Iván Paredes Yataco, admitió que la continuidad de la dirección es un punto que manejan tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Justicia.
“Lo están contemplando”, declaró, e indicó que la revisión de los altos mandos forma parte de una evaluación en la que se consideran las investigaciones y denuncias que pesan sobre numerosos funcionarios penitenciarios.
En torno a la estrategia de intervención penitenciaria, el presidente del Consejo de Ministros explicó que la administración tomó la decisión de ejecutar operativos internos antes de anunciar la reorganización total del INPE. Durante los primeros 30 días de intervención, se llevaron a cabo requisas, remociones de líderes de bandas de extorsión y la desarticulación de sistemas de comunicación ilegal en diversos penales tanto en Lima como en otras regiones. Álvarez Miranda informó que esta etapa permitió recuperar el control sobre pabellones influenciados por organizaciones delictivas y facilitó el traslado de internos considerados de alta peligrosidad.
La reorganización penitenciaria contemplada por el Ejecutivo forma parte de un marco más amplio de solicitudes al Poder Legislativo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento institucional. “Entre esas facultades está la reorganización absoluta del INPE”, remarcó Álvarez Miranda.
El plan prevé la creación de un régimen de extrema seguridad para internos de alta peligrosidad, la limitación de beneficios penitenciarios para delitos graves y la clasificación automática de internos en regímenes cerrados en función de su nivel de peligrosidad. “El tratamiento penitenciario debe ser diferente entre primarios o internos de baja peligrosidad y aquellos involucrados en crimen organizado”, puntualizó sobre el mismo tema en Canal N.
Las operaciones recientes en penales lograron, de acuerdo con el Ejecutivo, afectar la estructura de al menos once bandas dedicadas a la extorsión. “Los resultados no son inmediatos, pero la persistencia y la operación sostenida están demostrando avances en el control institucional”, expresó.
Además de la reingeniería del sistema carcelario, el Gobierno reafirmó la continuación del estado de emergencia como instrumento legal para el despliegue de la fuerza pública y los servicios de inteligencia en la lucha contra la inseguridad. El premier criticó que en gestiones anteriores esta figura solo se usó con fines propagandísticos, sin una verdadera operatividad para enfrentar el problema de fondo.
Finalmente, Álvarez Miranda precisó que la comunidad de inteligencia ha sido reestructurada, después de años de dispersión, para operar como un sistema unificado con capacidad de respuesta frente a las mafias que operan tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios. El Ejecutivo espera que el Congreso apruebe el pedido de facultades para avanzar en todas estas reformas estructurales y consolidar un cambio efectivo en el sistema de justicia penal.
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