
El último estudio de Datum incluye un resultado que casi no generó titulares, pero que resume con crudeza la situación actual del país: el 71% de peruanos afirma que no ha visto ningún cambio tras el estado de emergencia, mientras que solo el 27% declara haber percibido mejoras.
El dato, aunque escondido entre otros resultados del sondeo, revela la baja efectividad percibida de la medida aplicada en Lima Metropolitana y Callao. En sectores como Miraflores, donde se intensificaron los operativos, la impresión de mejoras parece haber influido parcialmente en el 27%, pero no logra revertir el escepticismo mayoritario.

Aprobación de Jerí sube, pero el sur marca distancia
Pese a ese desencanto respecto al estado de emergencia, la encuesta muestra que José Jerí alcanza un 58% de aprobación a nivel nacional, impulsado principalmente por Lima, donde supera el 60%.
Sin embargo, la realidad regional es menos favorable: en el sur del país, la aprobación del mandatario se reduce a 46%, reflejando un menor respaldo en una zona históricamente crítica hacia los gobiernos de turno.

Una estrategia de imagen que busca efecto inmediato
A solo cuatro días de haber asumido la presidencia de manera transitoria, Jerí ha desplegado una intensa agenda pública orientada a proyectar autoridad en materia de seguridad. Sus visitas a los penales de Castro Castro y Ancón I, rodeado de altos mandos policiales y del INPE, fueron ampliamente difundidas en redes sociales y generaron comparaciones con el estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El politólogo Fernando Tuesta, consultado en el programa Panorama, fue categórico:
“La asociación con Bukele es más que notoria”.

No obstante, advirtió que este tipo de puesta en escena requiere respaldo real para sostenerse: “Bukele iba a las cárceles después de haber derrotado a las maras. Jerí no tiene experiencia previa en la administración pública, más allá del cargo parlamentario que ostentó”.
Tuesta también señaló que el uso intensivo de redes sociales, los videos en TikTok y las fotografías cuidadosamente encuadradas forman parte de una narrativa visual que busca fortalecer la imagen presidencial, aunque ello no necesariamente se traduce en resultados concretos.
Una medida usada sin pausa durante décadas
El escepticismo ciudadano también se explica porque el Perú ha normalizado un recurso que debería ser excepcional: entre el 2000 y 2024 se decretaron 610 estados de emergencia, un promedio de dos al mes durante los últimos 25 años.
Pese a su frecuencia, la violencia no se ha reducido de manera sostenible.
Violencia letal en ascenso
Las cifras más recientes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), compartidas por el analista de datos Juan Carbajal, confirman que la violencia no ha disminuido bajo el actual Gobierno: se registran ya 157 homicidios desde que Jerí asumió la presidencia.
Los datos ubican a Lima como la provincia más afectada, con 41 homicidios, seguida de Huaura con 10 casos. El patrón es consistente: entre el 85% y el 90% de los asesinatos se cometieron con arma de fuego, y en Huaura la proporción es incluso mayor.
A ello se suman 24 muertes violentas clasificadas como “ignoradas”, aunque las necropsias sí confirman impacto de proyectil. Once ocurrieron en Lima y tres en el Callao.

Desde la declaratoria de emergencia: más de 29 homicidios en Lima y Callao
El estado de emergencia, vigente desde el 22 de octubre, tampoco ha logrado contener la violencia. Desde esa fecha se reportan:
- 24 homicidios en Lima
- 5 en el Callao
- 7 muertes violentas adicionales, todas con evidencia de arma de fuego
Aunque algunas autoridades locales, como el alcalde de San Juan de Lurigancho, reportan descensos en delitos comunes dentro de sus jurisdicciones, la estadística nacional sigue marcada por la letalidad.

Un país que no percibe resultados
La baja percepción de cambios (71%), los homicidios persistentes y la desconfianza histórica hacia los estados de emergencia configuran un panorama complejo para el Gobierno de Jerí.
Si bien la aprobación presidencial mantiene cifras altas, los expertos advierten que sin resultados tangibles en seguridad, ese respaldo podría diluirse tan rápido como creció.
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