La ley seca en Perú, contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas desde las 8:00 horas del día previo a los comicios hasta las 8:00 horas del día siguiente, con el fin de evitar incidentes y asegurar que los ciudadanos voten en condiciones adecuadas. Aunque en los últimos meses algunos congresistas han planteado acortar o eliminar esta restricción por considerarla desfasada, las iniciativas fueron desestimadas en la Comisión de Constitución, por lo que la medida continuará vigente para los próximos procesos electorales.
Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, advierte que la norma no cumple con su objetivo y, por el contrario, golpea directamente al comercio barrial, al turismo y a los ciudadanos que viven del día a día. En diálogo con Exitosa, el dirigente remarcó que la restricción solo castiga a quienes venden, no a quienes consumen. Además, señaló que el Congreso mantiene una visión “cultural” del tema, sin evaluar evidencia ni el impacto real en la economía del sector.
Una prohibición que no evita el consumo
Hermoza sostiene que la ley seca prohíbe la venta de alcohol, pero no impide que una persona llegue ebria a votar. Según relató, en una mesa de trabajo realizada hace unos meses, funcionarios electorales reconocieron que no existe forma de impedir que un ciudadano participe en ese estado “siempre y cuando no haga un escándalo”.
El dirigente cuestiona, además, que la medida solo afecta a quienes no pueden abastecerse con anticipación, como trabajadores que viven al día y celebran ocasiones especiales durante el fin de semana. Para las bodegas, afirma, las bebidas alcohólicas representan entre el 40% y 50% de sus ventas diarias; mientras que para el turismo, la restricción reduce la experiencia de quienes visitan el país “sin tener por qué someterse a una norma que no les corresponde”.
Críticas al enfoque estatal: prohibir antes que educar
Hermoza considera que el Estado ha renunciado a su rol educativo y preventivo. Cuestiona que no se cumplan normas básicas —como impedir la venta de alcohol y cigarros a menores— y que se prefiera ampliar prohibiciones en lugar de fortalecer campañas de prevención.
Ejemplificó ello con iniciativas que buscan impedir que bodegas vendan productos con azúcar o sodio a menores de 18 años. Para él, el problema de fondo es que “al Estado le resulta más fácil prohibir que educar”, cuando debería combinar formación, fiscalización y sanción efectiva.
Extorsiones y crédito ilegal: “Las cifras siguen siendo de terror”
El panorama de inseguridad continúa afectando a las mypes. Hermoza señaló que el crédito “gota a gota” avanza sobre el financiamiento formal, generando zonas donde los extorsionadores operan sin resistencia. Según sus encuestas internas, el cierre de negocios por temor o amenazas pasó de alrededor del 2% hace unos años al 12% este año. “De cada cien negocios con puerta a la calle, doce podrían estar bajando la reja por miedo”, advirtió.
Aunque reconoció un mayor activismo del Gobierno, remarcó que aún falta articular mecanismos de protección que permitan prevenir y enfrentar estas amenazas.
Seguridad y cooperación: propuestas que no avanzan
El representante de las mypes considera que la delincuencia se adapta rápidamente, cambiando de zonas y modalidades, mientras que las autoridades reaccionan tarde. En ese contexto, propone construir espacios de trabajo conjunto con municipios y ministerios para fortalecer sistemas de vigilancia y protección.
Entre sus planteamientos está la compra asociada de cámaras de seguridad o la implementación de rondas motorizadas cofinanciadas por los propios comerciantes. Sin embargo, lamenta que iniciativas legislativas que podrían impulsar estos modelos aún no se concreten.
Reuniones con el Ejecutivo: expectativas y pendientes
Hermoza destacó que, por primera vez, un presidente de la República los recibió dos veces en una semana para atender temas puntuales como barreras burocráticas y compras estatales. Durante estas reuniones, Mypes Unidas presentó propuestas para financiar compras públicas mediante mecanismos como el canje de horas por impuesto, así como ideas para impulsar la manufactura local mediante inversiones privadas orientadas a proveer bienes a escolares de zonas vulnerables.
También pidió transparentar las compras de hasta 8 UIT, que se manejan de forma poco pública, y atender la deuda que el Estado mantiene con las mypes, que estima entre S/ 6.000 millones y S/ 7.000 millones, y que —sumada a grandes proveedores— superaría los S/ 20.000 millones.
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