Exprocurador advierte que la Fiscalía necesita pruebas sólidas para condenar a Martín Vizcarra

El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua ingresó a su etapa final, luego de que la Fiscalía y la Procuraduría expusieran sus alegatos de cierre ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. En este contexto, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia advirtió que, para obtener una sentencia condenatoria, el Ministerio Público necesita presentar pruebas directas y consistentes, más allá de simples indicios.

En entrevista con Canal N, el abogado explicó que ante la imputación contra el exmandatario, “la fiscalía debe presentar, no indicios, sino pruebas que lleven al juez al convencimiento más allá de toda duda razonable”, afirmó.

Según Vargas Valdivia, aunque el fiscal Germán Juárez ha mencionado facturas, registros bancarios y testimonios, incluyendo el del gerente de Obrainsa acogido a colaboración eficaz, la mayoría de declaraciones no serían testimonios directos de entrega de dinero. “El problema de los testimonios es que no hay testigos directos, son todos testigos indirectos, testigos que alegan ‘haber oído’”, señaló.

Límites para acreditar corrupción

Vargas Valdivia explicó que algunos elementos señalados por la Fiscalía podrían servir para acreditar el presunto delito de enriquecimiento ilícito, especialmente los movimientos bancarios que Vizcarra no habría podido justificar con ingresos lícitos. Sin embargo, advirtió que esto no basta para probar cohecho o colusión.

“No serviría para acreditar el delito de corrupción, por ejemplo cohecho. ¿Qué implica acreditar? Que ha recibido un dinero a cambio de soborno. Tampoco sirve para colusión, que implica que como funcionario público se puso de acuerdo con un privado para una obra”, detalló.

El exprocurador insistió en que la Fiscalía debe demostrar una relación directa entre los hechos y el tipo penal. “He escuchado al fiscal hacer referencia a indicios. Eso me preocupa porque a estas alturas del proceso la fiscalía debe tener pruebas que permitan llevar al juez a un convencimiento más allá de toda duda razonable”, añadió.

El fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado 15 años de prisión efectiva, nueve años de inhabilitación y multas, al sostener que Vizcarra habría recibido S/1 millón de Obrainsa para favorecerla en las adjudicaciones de ambos proyectos. En sus alegatos, sostuvo además que el exgobernador habría brindado información privilegiada a la constructora.

La etapa final del proceso

Consultado sobre el pedido del fiscal para que la eventual sentencia sea ejecutada de inmediato, sin esperar la apelación, Vargas Valdivia indicó que el Código Procesal Penal permite que la primera instancia no se ejecute si la defensa presenta recurso con efecto suspensivo. Recordó que en el caso de Ollanta Humala se aplicó inicialmente una detención inmediata, pero luego fue corregida por la sala.

“El recurso de apelación puede ser concedido con efectos suspensivos, que significa que no se ejecuta la sentencia”, explicó.

La jueza dispuso que la defensa del exmandatario presente sus alegatos finales el próximo 20 de noviembre, donde también declararán los abogados de los terceros civilmente responsables. Al finalizar esa audiencia, Vizcarra podrá ejercer su derecho a la última palabra, dejando el proceso listo para sentencia.

Los cambios en el caso de Pedro Castillo

Durante la misma entrevista, el exprocurador analizó el giro del proceso seguido contra el expresidente Pedro Castillo, inicialmente acusado de rebelión y luego de conspiración para la rebelión. Sostuvo que este último tipo penal no requiere que el golpe de Estado se haya concretado.

“La conspiración no exige que se materialice el delito. Basta la acción para tratar de cometerlo para que quede acreditado”, señaló. Agregó que el mensaje televisado del 7 de diciembre de 2022 y la posterior intención de dirigirse a la embajada de México son elementos que respaldan la acusación fiscal.

En su evaluación, la defensa de Castillo adoptó una estrategia más política que jurídica, lo que habría dificultado desmontar los elementos probatorios presentados durante el juicio oral.