Abogado de Betssy Chávez protagoniza nuevo espectáculo y abandona el juicio en plena audiencia

El abogado de la golpista expremier Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, protagonizó un nuevo espectáculo en el juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo y dejó la audiencia.

Noblecilla sí fue convocado a la sesión de este 11 de noviembre debido a que la sanción de expulsión por 6 fechas ya se había cumplido. Así lo informó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, aunque el abogado aseguró que los jueces se habrían confundido al contar el número de sesiones.

Pese a que supuestamente seguiría expulsado, el abogado de Betssy Chávez aseguró que permanecería conectado a la audiencia para “defender la democracia”.

Sin embargo, cuando la defensa de Aníbal Torres ya había empezado a sustentar sus alegatos finales, Raúl Noblecilla interrumpió, cambió de posición y abandonó la audiencia.

“Voy a interrumpir porque yo no voy a convalidar esto. No se han cumplido las 6 fechas de expulsión que estas sala de provisionales me impuso. Por lo tanto, yo abandono porque no voy a convalidar de ninguna manera esta situación", alegó Noblecilla.

La jueza suprema y directora de debates, Norma Carbajal, dispuso que se deje constancia de lo hecho por Noblecilla y recordó que la defensa pública está a cargo de defender a Betssy Chávez, tal como se dispuso en la sesión anterior.

La situación de Betssy Chávez

Betssy Chávez recibió asilo diplomático en la embajada de México el lunes 3 de noviembre, mientras enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022. Según reveló Hildebrandt en sus trece, la defensa de Chávez y la propia exfuncionaria habían decidido un mes antes que solicitar refugio era la única alternativa viable ante la inminencia de una condena.

El gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, justificó el asilo alegando que Chávez ha sido víctima de “reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”, según un comunicado oficial. La administración mexicana ya había otorgado protección a otras figuras políticas de la región, como Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, y a los exmandatarios Evo Morales y Jorge Glas.

La defensa de Chávez argumentó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema aceleró el proceso judicial, lo que interpretaron como una señal de que el fallo era inminente. El abogado Raúl Noblecilla afirmó a Hildebrandt en sus trece: “Estoy seguro de que la iban a condenar, y eso confirma que Betsy Chávez ha hecho lo correcto”. Actualmente, la ex primera ministra enfrenta una solicitud de 25 años de prisión, mientras que para Pedro Castillo la fiscalía pide 34 años, ambos acusados de rebelión.

Las gestiones para el asilo se realizaron en paralelo en Lima y Ciudad de México. En la capital peruana, la defensa mantuvo contacto con Karla Ornelas, encargada de negocios de la embajada mexicana. De manera simultánea, el congresista Roberto Sánchez viajó a México entre el 8 y el 10 de octubre para, afirman, que Lilia Paredes intercediera ante Sheinbaum por la ex primera ministra, dada la cercanía entre ambas.

El 21 de octubre, la defensa intentó aplazar el proceso judicial presentando un descanso médico firmado por el doctor Julio César Chávez Rivera de la Clínica Chorrillos, pero la Sala Penal Especial detectó irregularidades en el certificado, lo que llevó a la suspensión del abogado Noblecilla por dos meses y a la expulsión del proceso. Para ese momento, Chávez ya no asistía a las audiencias y la fiscal Zoraida Ávalos había solicitado que se le prohibiera salir del país y acercarse a sedes diplomáticas.

La ausencia de la ex primera ministra llevó al tribunal a preparar una orden de ubicación y captura. El mismo 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela anunció en conferencia: “Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”. Ese día, la Cancillería peruana rompió relaciones diplomáticas con México, mientras el gobierno mexicano calificó la medida de “excesiva y desproporcionada”, defendiendo el asilo como un “acto legítimo y apegado al derecho internacional”.

Desde Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum reiteró que la detención de Castillo tuvo motivaciones “políticas” y de “discriminación”. El presidente José Jerí declaró a CNN que la entrega del salvoconducto dependerá de “información técnica y acuerdos internacionales”, mientras el canciller de Zela solicitó un informe para evaluar la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 al caso de Chávez.