Al menos 15 odontólogos denuncia extorsión: delincuentes hackean base de datos de colegios profesionales para obtener información

Dede el 2024, quince odontólogos en Perú denunciaron ante las autoridades ser víctimas de extorsión por bandas delictivas. Esta cifra, confirmada por el Colegio de Odontólogos del Perú (COP), refleja un escenario preocupante para los profesionales de la salud en distintas regiones del país. Según declaraciones del decano de la institución, José Ricardo Rojas Rueda, los casos involucran amenazas directas y exigencias de pagos mensuales que varían entre 10.000 y 50.000 soles por concepto de “seguridad”, bajo intimidación constante hacia ellos y sus familias.

Las acciones delictivas afectan tanto a especialistas de Lima como a otras ciudades del interior, lo que representa un avance de la criminalidad organizada sobre sectores históricamente excluidos de estos ataques.

Extorsiones, ciberdelincuencia y amenazas

Los métodos intimidatorios han evolucionado. Las extorsiones incluyen mensajes amenazantes enviados a través de WhatsApp o redes sociales, con advertencias a los profesionales y sus allegados. Los perpetradores demuestran conocer detalles personales sobre sus víctimas, lo que incrementa la sensación de inseguridad. En uno de los mensajes enviados a un odontólogo, los extorsionadores escribieron: “De tener una nueva actitud errónea, comenzaremos visitando a tus padres, tu casa (...). Ni debajo de la tierra te podrías esconder de nosotros”.

Existen otros casos donde los criminales han dejado artefactos, como explosivos de pequeña magnitud, en viviendas y consultorios de sus objetivos para reforzar la advertencia.

Las indagaciones iniciales apuntan a que la obtención de información personal y profesional se realiza a través de la vulneración de sistemas informáticos de colegios profesionales. El decano del COP reconoció que hackers han intentado infiltrarse en las plataformas institucionales para robar datos sensibles, como números telefónicos, correos electrónicos y direcciones, usados luego para ejecutar las extorsiones.

José Ricardo Rojas Rueda explicó: “Obviamente, en estos últimos días ha salido información que otros colegios profesionales están siendo jaqueados para sacar esta información, en la cual, desgraciadamente, es utilizada por los delincuentes para acceder a las bases de datos de los profesionales”. El COP aseguró reforzar la protección digital de la entidad y mantiene vigilancia permanente ante nuevas amenazas.

Consecuencias y medidas de los profesionales

La escalada delictiva trajo consecuencias graves para el personal de salud. El COP confirmó la muerte de un odontólogo como resultado de un ataque extorsivo, mientras que otro especialista se encuentra en estado crítico tras sufrir un atentado a balazos dentro de su centro de trabajo.

El organismo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, implementó una serie de recomendaciones de autoprotección para los colegiados. Entre estas sugerencias se encuentran retirar datos personales de anuncios públicos y redes sociales, restringir la exposición de información familiar y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión.

Crimen organizado y respuesta institucional

El contexto de inseguridad no es exclusivo del rubro odontológico. Distintos colegios profesionales han sido blanco de ataques informáticos y filtraciones de bases de datos, vendidas posteriormente a través de canales como Telegram. De acuerdo con el COP, esta “ciberdelincuencia” es reconocida por las autoridades nacionales, aunque el gremio solicita una reacción más efectiva para contener la amenaza.

El Estado, a través de una unidad especial liderada por el coronel Víctor Revoredo, intensifica las labores de rastreo y persecución de los responsables. “Todos los días en el Perú mueren personas por extorsión o sicariato (...). Ahora, estamos poniendo o levantando la voz para poder resolver esta problemática en beneficio de todos”, sostuvo el decano del COP.

El gremio profesional reclama mayor protección y medidas más estrictas para combatir la escalada de la criminalidad organizada, sumando el avance de la ciberdelincuencia al ya complejo panorama que enfrenta el sector salud del país.