Delia Espinoza acusó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de orquestar una operación institucional para destituirla e inhabilitarla como fiscal de la Nación. En una conferencia de prensa tras la reciente negativa de la JNJ a acatar la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, la magistrada sostuvo que las acciones del organismo constituyen “un ramillete de ilegalidades” y alertó sobre los riesgos para el Estado de derecho en el Perú.
La controversia se profundizó el 13 de octubre de 2025, cuando el Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenó su reposición inmediata como titular del Ministerio Público, tras acoger una medida cautelar presentada por su defensa. Sin embargo, la JNJ resolvió mantener su suspensión y alegó carecer de competencia para dejar sin efecto decisiones de la Junta de Fiscales Supremos ni para dar cumplimiento a todos los requerimientos judiciales señalados en el fallo. Según Espinoza, esta decisión confirma un patrón de conductas irregulares.
La fiscal calificó de “alarma para el Estado de derecho” la negativa de la Junta Nacional de Justicia a restituirla. “Se ha venido vulnerando, y el día de ayer se ha concretado en mayor magnitud, la vulneración al principio de separación de poderes, de autonomía, de respeto a la independencia, que se da no solamente sobre los poderes clásicos del Estado, sino también sobre los organismos constitucionalmente autónomos”, afirmó.
Insistió que la JNJ debió cumplir “en sus propios términos” la disposición del Poder Judicial que ordenaba su reincorporación inmediata y la reposición de sus funciones como fiscal suprema titular para el periodo 2024-2027. Espinoza interpretó la negativa como una “consumación” de prácticas irregulares: “El día de ayer simplemente se ha dado un paso más en el amplio espectro, ramillete, de ilegalidades que viene cometiendo la Junta Nacional de Justicia”.
Denunció que el proceso disciplinario seguido en su contra fue impulsado únicamente por seis de los siete miembros de la JNJ, lo que contraviene la validez de las resoluciones. “Ellos saben muy bien que no son competentes para seguirme asumiendo casos disciplinarios, porque ellos tenían que haberse inhibido. Y algo muy importante que la población no conoce: solo seis miembros de la Junta Nacional de Justicia han firmado, han venido llevando adelante este procedimiento administrativo contra mi persona de manera ilegal, porque han inhibido, han inhibido ilegalmente al señor Francisco Távara Córdova, el séptimo miembro”, subrayó.
La abogada sostuvo que su destitución responde a un plan deliberado y acusó a la JNJ de actuar “como juez y parte” en los expedientes disciplinarios presentados en su contra. “La Junta Nacional de Justicia quiere terminar de consagrar su ilegalidad”, dijo, e insistió en que la argumentación jurídica es inválida: “La inhibición es personal, no la solicitan otros miembros del colegiado. Desde ahí podemos nosotros colegir, entre muchas otras ilicitudes, que la Junta Nacional de Justicia simplemente está actuando al margen de la ley, al margen de la Constitución, pero no les está importando”.
En otra parte de su mensaje, Delia Espinoza acusó al organismo de tenderle una trampa “artera, alevosa, de mala fe y delincuencial”. Según explicó, si ella hubiera cumplido la orden de la JNJ, habría incurrido en una infracción constitucional por “abandono de cargo”, ya que el único órgano competente para designarla o retirarla es la Junta de Fiscales Supremos.
“A través de mi persona quieren escarmentar a otros funcionarios, a otros magistrados, para que no se atrevan en un futuro a desobedecer a la Junta Nacional de Justicia”, denunció. Remarcó que su hoja de vida profesional no tiene antecedentes disciplinarios ni investigaciones penales por corrupción, lavado de activos o criminalidad organizada. Añadió que los procesos iniciados en el Congreso de la República constituyen “represalias para buscar también inhabilitarme muy pronto, porque están corriendo con los casos”.
Cuestionó que la JNJ haya admitido su falta de competencia para modificar resoluciones del Ministerio Público, pero aun así haya promovido su destitución. “¿Cómo es posible que ahora reconozcan que no tienen competencia para declarar vigente el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos y la resolución que me designa como fiscal de la nación titular? Ahora sí lo dicen. Pero, me están queriendo destituir”, concluyó.
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