La Procuraduría Anticorrupción del Cusco atraviesa una situación crítica por la escasez de personal. Solo cinco abogados gestionan más de 4.800 casos de corrupción en toda la región, lo que genera una sobrecarga procesal que dificulta una atención eficiente de los expedientes.
El procurador anticorrupción José María Gavancho advirtió que la situación resulta insostenible y, hasta el momento, no se ha recibido ningún refuerzo de personal por parte de la Procuraduría General del Estado. Cada abogado debe asumir un promedio de 900 casos, incluyendo audiencias y escritos que requieren atención diaria. Esto vuelve imposible cumplir todas las obligaciones legales y procesales.
La situación se agrava en provincias como La Convención, donde no existe ningún profesional asignado. La ausencia de abogados en estas zonas retrasa la tramitación de denuncias por presuntos actos de corrupción y crea un riesgo real de prescripción de numerosos casos.
Cinco abogados frente a más de 900 expedientes cada uno
José María Gavancho explicó que la carga procesal obliga a los cinco abogados a atender más de 900 expedientes por persona.
“Yo como procurador tengo que tratar de salvar distribuyendo la carga por más de 900 expedientes por cada abogado, porque solamente cuento con cinco abogados CAS. Esto es humanamente imposible”, señaló Gavancho a RPP Noticias.
Más allá de las audiencias semanales —que llegan a sumar 70 u 80—, el equipo debe preparar escritos, relaciones y apelaciones. Este volumen convierte la gestión de los casos en una tarea prácticamente inabordable, afectando directamente la capacidad de la Procuraduría para defender los intereses del Estado de forma oportuna.
Riesgo de prescripción de casos por escasez de abogados
El déficit de abogados se ha visto incrementado por recortes presupuestarios y la ausencia de nuevas contrataciones. Esta situación retrasa los procesos y puede provocar la prescripción de casos emblemáticos. Según Exitosa Noticias, Gavancho afirmó que esta problemática compromete la defensa jurídica del Estado y limita la habilidad de la Procuraduría para atender denuncias de corrupción de manera adecuada.
“Estamos trabajando, estamos haciendo… Pero la Procuraduría General del Estado se ha acostumbrado a ver qué hace con la reducción de personal”, expresó el procurador, destacando la presión bajo la cual opera el equipo.
Gavancho apuntó que recae en la Procuraduría General del Estado la responsabilidad de asignar más abogados para asegurar una defensa jurídica efectiva en la región. La falta de personal afecta no solo la calidad del trabajo, sino también la transparencia en la gestión de casos de corrupción.
El procurador solicitó formalmente un incremento de personal para distribuir la carga de manera justa y satisfacer las obligaciones procesales. Sin este refuerzo, la Procuraduría continúa trabajando bajo condiciones “humanamente imposibles”, según Gavancho en diálogo con RPP Noticias.
Cobertura insuficiente en La Convención: riesgo para la defensa del Estado
La situación resulta especialmente grave en provincias como La Convención, donde no hay abogados designados para atender denuncias de corrupción. Las audiencias, escritos y apelaciones quedan sin atención en tiempo oportuno, lo que puede poner en peligro la defensa del Estado y dilatar los procesos judiciales.
La ausencia de cobertura profesional no solo pone en riesgo la defensa del Estado, sino que también incrementa la posibilidad de prescripción de los casos y debilita la eficacia de la Procuraduría Anticorrupción en toda la región.
Gavancho explicó que la falta de cobertura en las provincias evidencia un problema estructural en la asignación de recursos humanos y logísticos. Se revela así la necesidad de una reorganización urgente y de incrementos en el personal en toda la región Cusco, con el fin de garantizar las funciones esenciales de la Procuraduría Anticorrupción.
Hasta el momento, la Procuraduría General del Estado no ha publicado ningún comunicado oficial ni emitido descargos sobre la sobrecarga y escasez de abogados en la región.
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