El Gobierno de Perú anunció la inminente declaración de un estado de emergencia en Lima Metropolitana con el objetivo de enfrentar el avance de la criminalidad y restaurar la tranquilidad ciudadana. El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien explicó que la medida incluirá un conjunto de acciones concretas y coordinadas entre varios sectores del Estado.
Estado de emergencia: definición y fundamentos jurídicos
El estado de emergencia es un régimen de excepción otorgado por la Constitución Política de Perú. Este permite al Poder Ejecutivo asumir competencias extraordinarias para enfrentar situaciones que amenacen la estabilidad institucional o la seguridad ciudadana. Según el artículo 137 de la Carta Magna, el presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, puede decretar un estado de emergencia en todo o parte del territorio nacional ante perturbaciones graves del orden interno, catástrofes o circunstancias excepcionales.
Durante un estado de emergencia, las autoridades pueden restringir o suspender los derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad individual, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. La duración de la medida no debe superar los 60 días y solo puede prorrogarse mediante un nuevo decreto ejecutivo.
El régimen de excepción se caracteriza por la concentración temporal del poder en el Ejecutivo, el incremento de competencias para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la focalización de las acciones estatales en las áreas más afectadas. Además, establece mecanismos de control jurisdiccional y rendición de cuentas para garantizar que las restricciones sean proporcionales y razonables frente a la situación de emergencia.
Derechos restringidos y alcance de la medida
Durante la vigencia de un estado de emergencia, quedan limitados ciertos derechos, entre ellos la posibilidad de circular libremente dentro del país o de salir del propio domicilio sin restricciones. Las reuniones en plazas o vías públicas pueden ser prohibidas por las autoridades si existen razones fundadas de seguridad. Además, se permite a las fuerzas del orden ingresar a domicilios particulares con menores requisitos legales en comparación con el periodo ordinario.
Las medidas extraordinarias que pueden adoptarse buscan responder de manera rápida ante situaciones que no pueden ser abordadas mediante los mecanismos legales habituales. Entre las razones que justifican el estado de emergencia figuran la delincuencia organizada, las amenazas a la integridad territorial o las situaciones que ponen en peligro a la población.
Aplicación del estado de emergencia para combatir la inseguridad
El anuncio de Ernesto Álvarez planteó la necesidad de articular acciones intersectoriales inmediatas y efectivas. Según explicó el funcionario, el Ejecutivo trabaja de manera permanente en la evaluación técnica de las propuestas a ser implementadas en Lima Metropolitana. Una de las opciones consideradas ha sido el toque de queda, aunque su viabilidad depende de pruebas sobre su impacto real en la reducción del delito.
Durante administraciones precedentes, como en el gobierno de Dina Boluarte, se aplicaron varios estados de emergencia en zonas críticas como Lima y Callao. Pese a que estos buscaban reducir la criminalidad y devolver la seguridad en espacios públicos, no se registraron mejoras sostenibles. El alcalde de Ate, Franco Vidal, calificó la aplicación de esta medida como un “total desastre”, ya que los delitos continuaron e incluso aumentaron, afectando a vecinos, comerciantes y transportistas.
En el análisis realizado por Eduardo Pérez Rocha, general en retiro de la Policía Nacional (PNP), se señaló que la falta de cumplimiento de los dispositivos –como el despliegue efectivo de militares en puntos críticos y el patrullaje intensivo– debilitó la ejecución del estado de emergencia. Diversos distritos no contaron con la presencia de las Fuerzas Armadas ni la intervención constante de la policía, lo que redujo el impacto de la medida.
Resultados de la medida y situación actual
Para junio de 2026, la declaración de nuevos estados de emergencia en distintos distritos de Lima siguió sin mostrar avances tangibles frente al delito y la extorsión. La criminalidad afecta a comerciantes, trabajadores independientes, transportistas y microempresarios, con víctimas fatales diarias y sin que los operativos extraordinarios hayan logrado revertir esta tendencia
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