
Del 1 al 3 de octubre de 2025, Iquitos es sede de la Cumbre Amazónica del Agua, un evento internacional que reúne a más de 300 participantes de 10 países vinculados a la cuenca amazónica.
La actividad —organizada por el Vicariato Apostólico de Iquitos con apoyo de entidades como CELAM, REPAM, PUCP y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral— busca visibilizar la crisis ambiental que atraviesa la región, con énfasis en el derecho universal al agua.
Sin embargo, el escenario de la Cumbre expone la dolorosa contradicción que vive Iquitos. Mientras se debate sobre derechos y acceso universal al agua, a pocos kilómetros, familias enteras siguen sin poder abrir un solo grifo.
Niños que solo beben agua de lluvia
El contraste más crudo ocurre a menos de treinta minutos del corazón de Iquitos, en Punchana, donde más de 3.000 habitantes de los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Septiembre viven sin acceso a agua potable ni alcantarillado. Sus viviendas, levantadas junto a un canal de aguas residuales a cielo abierto, soportan cada día el paso de desechos provenientes del hospital EsSalud, el camal municipal y sectores urbanos de la ciudad.

En estos barrios, como confirman organizaciones como Forum Solidaridad Perú y periodistas de La Encerrona, el agua de lluvia es la única alternativa para hidratarse. Las precipitaciones se recolectan sobre techos de calamina y la hervida posterior representa el único recurso de purificación. “La necesidad nos urge a nosotros”, explica una madre.
Sin embargo, ni siquiera esas medidas les garantiza el agua a diario. En época seca, pueden pasar más de diez días sin una sola gota, provocando infecciones, diarreas, fiebre y condiciones de extrema vulnerabilidad.
Las cisternas, que deberían abastecer diariamente a estas familias según una sentencia judicial, apenas pasan una vez a la semana, y en ocasiones, una vez al día. Las inundaciones y el pésimo estado de las vías limitan la circulación, dejando a cientos de familias a la deriva con baldes vacíos.

Una sentencia histórica ignorada por el Estado
En 2022, el Tribunal Constitucional declaró que la situación era un “estado de cosas inconstitucional”, ordenando el cierre del canal, el cese de los vertidos tóxicos y el envío de cisternas con agua regulada y suficiente. Sin embargo, dos años después, el conocido “caño” sigue al descubierto, contaminando el entorno de tres colegios y obligando a la población a convivir con malos olores, gases tóxicos y enfermedades.
Las obras recientemente anunciadas por el Gobierno Regional ampliaron el canal solo 180 metros, cuando el compromiso original era cubrir 280. “Faltan cien metros y eso perjudica a los niños que juegan cerca del canal”, denunció Bárbara Shupigahua, vecina y comerciante a La Encerrona.
El área sigue expuesta a ácaros, vómitos y diarrea, confirmando una emergencia sanitaria que, según testimonios del propio vecindario, el Estado no ha solucionado. Otra dirigente, María Casique, reclamó en público la falta de transparencia y la ausencia de un plan que contemple el cierre completo del canal y la protección real del barrio.
El precio de la escasez
Ante el suministro insuficiente, muchas familias se ven obligadas a comprar agua para el consumo diario. Victoria Peñafiel, vecina del asentamiento Iván Vásquez, lo resume así: “Compramos solo para el consumo, porque no alcanza para más”.
Cuando la cisterna no ingresa, los propios vecinos buscan el agua fuera del barrio, pagando hasta dos soles por balde. Esta situación deja a los más vulnerables más empobrecidos, debido a una nueva carga económica que esto supone para vivir.
La imposibilidad de realizar la higiene básica agrava la indignidad en la que viven. Niños conviven entre gallinazos y basura, mientras la salud se resiente por malos olores persistentes, aguas negras y la precariedad del sistema sanitario.
Según el Vicariato Apostólico de Iquitos, se trata de un problema que lleva más de 20 años exigiendo solución definitiva, pese a reiterados compromisos oficiales y presión social.

Sobre la Cumbre Amazónica del Agua
El encuentro, inspirado en los documentos Laudato Si y Laudate Deum, plantea un espacio de diálogo entre ciencia, fe y pueblos indígenas, y se propone emitir un documento de propuestas rumbo a la COP30 en Brasil.
Entre sus objetivos están la protección de los ríos, el acceso al agua segura y la colaboración interinstitucional para enfrentar la contaminación y el impacto de la minería, el petróleo y la deforestación sobre los ecosistemas acuáticos.

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