El director de operaciones globales de Brookfield, Ben Vaughan, responsabilizó al Estado peruano por la situación de la concesionaria Rutas de Lima, que anunció su disolución y liquidación ante el hostigamiento de la Municipalidad de Lima y el alcalde Rafael López Aliaga.
“La disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado peruano, que han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica, demostrando que este no respeta sus compromisos y desconoce las normas aplicables”, dijo Ben Vaughan.
El representante de la matriz de Rutas de Lima también cuestionó que el Perú, a través del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, asegure que se busca atraer la inversión extranjera ya que “el trato que ha otorgado a Brookfield envía el mensaje contrario”.
Como respuesta a estos hechos, Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, reservándose todos sus derechos respecto a las violaciones continuas y la destrucción de su inversión.
El fin de Rutas de Lima
La Junta General de Accionistas de Rutas de Lima, subsidiaria de Brookfield, ha aprobado el inicio del proceso de disolución y liquidación de la empresa tras una serie de medidas que, según la matriz canadiense, han hecho inviable su continuidad en el país. La decisión, adoptada el 29 de septiembre, se atribuye a lo que Brookfield califica como un “hostigamiento sostenido” y la imposición de acciones “arbitrarias y abusivas” por parte de diversas entidades del Estado peruano.
El comunicado de Brookfield detalla que la viabilidad financiera de Rutas de Lima se vio comprometida por una serie de resoluciones judiciales y administrativas. Entre los hechos señalados, la empresa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón, lo que provocó una pérdida de más del 50% de los ingresos de la concesionaria. Posteriormente, una sentencia judicial adicional suspendió el cobro en la estación de peaje de Conchán, incrementando la merma de ingresos a más del 60%.
A estos recortes se suma la imposibilidad de construir y operar el Tramo Ramiro Prialé, pese a que Rutas de Lima ya había invertido más de S/500 millones en ese segmento de la concesión. La empresa denuncia que la toma de este tramo fue indebida y que las autoridades no han ofrecido solución.
El conflicto, dice la empresa, se ha agravado por el rechazo del Estado peruano a la ejecución de laudos arbitrales internacionales favorables a la empresa, los cuales han sido confirmados por la justicia federal de Estados Unidos y suman un valor superior a S/700 millones. Además, la compañía reporta la existencia de decenas de procesos de hábeas corpus, solicitudes de medidas cautelares y acciones penales promovidas por autoridades estatales, que, según Brookfield, han buscado perjudicar la concesión y cancelar sus ingresos.
La situación se ha visto exacerbada por lo que la empresa describe como una campaña de hostigamiento y difamación impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otras autoridades, incluyendo ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales. A esto se añaden penalizaciones consideradas “exorbitantes” y procesos internacionales contra la empresa y sus accionistas, que han deteriorado aún más la situación financiera de Rutas de Lima.
Brookfield también señala la inacción de distintas autoridades estatales frente a estos hechos durante los años en que la compañía mantuvo inversiones en el país. Según la empresa, su compromiso con el desarrollo de la infraestructura vial de Lima se tradujo en una inversión superior a S/3.300 millones. Además, afirma que Rutas de Lima no ha distribuido dividendos ni retornado capital a sus accionistas, sino que ha reinvertido la totalidad de la recaudación de peajes en el mantenimiento y mejora de las autopistas.
La magnitud de la pérdida de valor de la empresa, reflejada en los estados financieros auditados más recientes, ha llevado a que el patrimonio de Rutas de Lima se torne negativo. Ante este escenario, y en cumplimiento de la Ley General de Sociedades, la Junta General de Accionistas aprobó el acuerdo de disolución y liquidación.
Brookfield sostiene que las medidas adoptadas por el Estado peruano han resultado en la “expropiación indebida” de su inversión en el país. La empresa afirma que, pese a haber informado reiteradamente a las autoridades sobre la situación, no se ha tomado ninguna medida para remediarla ni para proteger la inversión.
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