El expresidente Alejandro Toledo, hoy recluido en el penal de Barbadillo, enfrenta un nuevo capítulo en los procesos en su contra. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dirigido por el juez Richard Concepción Carhuancho, pidió a las autoridades judiciales de Costa Rica la repatriación de US$ 6,6 millones más intereses, dinero que permanece congelado en cuentas bancarias vinculadas al caso.
Estos fondos estarían relacionados con los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht y Camargo Correa durante la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur. El exhorto enviado busca que el dinero retenido en el Scotiabank de Costa Rica, a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A., sea trasladado a las cuentas del Estado peruano como parte del proceso judicial por colusión y lavado de activos.
La solicitud fue enviada bajo el marco del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en aplicación del principio de reciprocidad. De concretarse, los más de seis millones de dólares retenidos pasarían a formar parte de las cuentas del Estado peruano como parte del proceso de reparación por los actos de corrupción.
Fondos congelados en Costa Rica y colaboración eficaz
La solicitud del magistrado se sustenta en la sentencia de colaboración eficaz emitida en junio de 2019 y que quedó consentida en enero de 2020. Según esa resolución, el dinero en cuestión se encuentra en dos cuentas de la empresa Ecostate Consulting S.A., entidad utilizada para canalizar recursos provenientes de coimas pagadas por constructoras brasileñas con el fin de asegurar la obra de la Interoceánica.
El expediente señala directamente al empresario israelí Josef Arieh Maiman Rapaport, cercano al exmandatario, quien admitió haber actuado como intermediario de las transferencias ilegales. De acuerdo con la información brindada por el colaborador eficaz, parte de esos fondos fueron utilizados en la compra de inmuebles y en el pago de hipotecas en beneficio de Toledo y de su entorno familiar.
Entre las pruebas que sustentan el pedido se incluyen viajes, reuniones, transferencias bancarias y documentos financieros que muestran la ruta del dinero desde las empresas constructoras hasta las cuentas en Costa Rica. Por este motivo, el juez Concepción Carhuancho destacó que se cumplen las condiciones de doble incriminación, dado que los delitos de colusión y lavado de activos son sancionados tanto en Perú como en Costa Rica.
El origen del caso Interoceánica Sur y las coimas a Toledo
La Carretera Interoceánica Sur, que buscaba conectar Perú con Brasil, comenzó a ejecutarse en el 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ese año, el Estado firmó contratos con dos consorcios: CONIRSA (integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) para los tramos 2 y 3, y Intersur (con Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão) para el tramo 4.
Pese a la magnitud de la obra, el proceso de adjudicación se realizó con observaciones de la Contraloría General de la República, que advirtió la falta de estudios de impacto ambiental y la omisión del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).Años más tarde, en el marco del escándalo de Odebrecht, las investigaciones fiscales revelaron que la empresa brasileña habría entregado más de 20 millones de dólares a Toledo como soborno para asegurar la concesión.
El testimonio de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, y las confesiones del empresario Josef Maiman Rapaport, cercano al expresidente, confirmaron que los pagos ilegales alcanzaron entre 34 y 35 millones de dólares, canalizados a través de cuentas offshore y empresas de fachada. Estos hechos motivaron que la Fiscalía acuse a Toledo por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, junto a exfuncionarios y representantes de las constructoras involucradas.
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