La Fiscalía del Perú entregó los restos de siete víctimas de desaparición forzada ocurrida entre 1984 y 1985 en los distritos de Chungui y Oroncoy, provincia de La Mar, Ayacucho, en el marco del periodo de violencia terrorista que atravesó el Perú entre 1980 y 2000. La restitución se realizó en una ceremonia encabezada por la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, con apoyo del Equipo Forense Especializado (EFE).
Los restos óseos y elementos asociados fueron devueltos a los familiares, quienes esperaron más de 40 años para dar sepultura a sus seres queridos. En la diligencia participaron representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).
Casos emblemáticos en La Mar
La entrega corresponde a cuatro casos emblemáticos ocurridos en la región Ayacucho durante los años más críticos de la violencia.
Uno de ellos es la masacre de Chaupimayo, en 1985, donde Marina Díaz Casa fue ejecutada tras un operativo del Ejército del Perú. La intervención dejó un saldo de 48 campesinos asesinados, incluidos mujeres y niños.
En los casos de Eraspampa y Huayrapata, ocurridos en mayo de 1984, fueron asesinados los comuneros Marcial Morales, Víctor Castro C. y Gerardo Castro O. a manos de efectivos de la Guardia Republicana del Perú.
Ese mismo año, en abril, los hermanos Lorenzo y Erasmo Casa fueron ejecutados cerca de la base de Mollebamba, en el caso conocido como Ccalastopata, tras una intervención militar.
El cuarto caso corresponde a Tastabamba, en 1984, donde Alberto Morales fue detenido y posteriormente ejecutado por efectivos militares en la comunidad de Putucunay.
Evidencia de ejecuciones extrajudiciales
Los análisis forenses permitieron identificar lesiones en los restos compatibles con proyectiles de armas de fuego, confirmando los testimonios de las ejecuciones extrajudiciales. La investigación fue dirigida por el fiscal provincial Carlos Palomino Quispe, con el apoyo de los fiscales adjuntos Jimmy Inga Gutiérrez, Ingrid Carrasco Morales y Nayle Chuchón Palomino.
En la ceremonia también participó de manera virtual el fiscal superior Daniel Jara Espinoza, representante de la coordinación de las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.
Con esta entrega, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares, recordando que la restitución de los restos es parte de un proceso más amplio para recuperar la memoria histórica del país.
La polémica ley de amnistía y su impacto
El hallazgo y entrega de restos como los de Ayacucho ocurren en medio de la polémica por la ley de Amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte en agosto, que beneficia a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes de derechos humanos cometidos durante el periodo terrorista (1980-2000).
La norma alcanza incluso a quienes ya han sido condenados, siempre que tengan más de 70 años, lo que según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) permitirá que más de 150 sentencias y 600 procesos en curso sean archivados. Esto beneficiaría a figuras como Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina; Telmo Hurtado, conocido como el “carnicero de los Andes”; o mandos como José Valdivia Dueñas, vinculado a la matanza de Cayara.
La promulgación de esta ley se realizó pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó suspender su tramitación. En respuesta, Boluarte ha planteado incluso la salida del Perú del Pacto de San José, que sustenta la jurisdicción de dicho tribunal.
Juristas y organizaciones de derechos humanos han advertido que la única salida es la inaplicación judicial de la norma a través del control difuso y convencional, ya que el Estado peruano está obligado a cumplir las sentencias de la Corte IDH.
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