El Ministerio Público confirmó que la voz en un audio de más de dos horas corresponde al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La pericia fonética, elaborada por tres especialistas, determinó con una probabilidad cercana al 100% que el funcionario es uno de los interlocutores en la grabación entregada por el capitán PNP Junior Izquierdo.
El dictamen se basó en muestras extraídas de intervenciones públicas y comparecencias oficiales de Santiváñez, debido a que este se negó a entregar su voz de manera directa para el análisis.
La explicación de César Nakazaki
En entrevista con Canal N, el abogado penalista César Nakazaki explicó que la metodología utilizada es válida, ya que se compararon las grabaciones “dubitadas” con otras consideradas “indubitables”, como las respuestas del ministro en la Comisión del Congreso.
“El hecho de que no haya prestado su voz no invalida la pericia. Ahora, la otra cara de la moneda es que esa negativa puede interpretarse como un indicio. ¿Qué nos enseña la experiencia? Que normalmente cuando una persona se niega a participar en este tipo de peritajes es porque es su voz”, señaló.
El abogado precisó que esta conducta, denominada “sucedáneo de prueba”, no es determinante por sí sola, pero sí fortalece la hipótesis del Ministerio Público.
Lo que revela el audio
La grabación en cuestión aborda tres temas centrales. El primero es el caso Cofre, en el que se sugiere que miembros del Ejecutivo facilitaron la fuga de Vladimir Cerrón mediante un vehículo oficial. El segundo está vinculado al intento de desactivar el grupo policial que acompañaba al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficop), responsable de investigar las muertes durante las protestas sociales. Finalmente, también se mencionan otros hechos que involucran a altas autoridades del Gobierno.
Nakazaki aclaró que estas conversaciones, por sí solas, no configuran un delito, pero sí pueden originar nuevas indagaciones si se corroboran con otros elementos probatorios. En ese sentido, pidió al Ministerio Público que informe públicamente sobre el estado de la investigación del caso Cofre, iniciada hace meses y aún sin resultados visibles.
Obstáculos en el Congreso
El futuro político del ministro también depende del Parlamento. Cabe recordar que una denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre la participación de Santiváñez en la desactivación del grupo policial que investigaba las muertes en protestas, fue archivada por el Congreso.
Este antecedente muestra que cualquier acusación contra el ministro deberá enfrentar nuevamente el filtro político en el Legislativo.
Un viaje en medio de la tormenta
La controversia se agudizó cuando, el mismo día de la confirmación pericial, el Gobierno publicó en El Peruano una resolución que autoriza el viaje de Santiváñez a Suiza. Según el documento, el ministro participará en reuniones con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Consejo de Derechos Humanos.
Precisamente, en presencia de Santivañez, que solo representa al gobierno de Dina Boluarte, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la ley de amnistía aprobada por el Perú representa un retroceso para la justicia y la verdad.
La resolución, sin embargo, no hace mención a que Santiváñez se encuentra bajo una prohibición de salida del país, dictada por la Corte Suprema al considerar que existe riesgo de fuga. Esta contradicción ha generado críticas, pues el funcionario viajó al extranjero mientras enfrenta una investigación abierta en su contra.
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