La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) expresó su preocupación por la postergación en la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, solicitada desde el año 2003. Esta área de 1´378,444 hectáreas, ubicada en Loreto, en la frontera con Brasil, es hogar de pueblos indígenas en situación de aislamiento como los Matsés, Matis, Korubo, Kulina Pano y Flecheiro/Tavakina, reconocidos oficialmente por el Estado en 2018.
Pese a que los estudios técnicos concluyeron en 2024, el Estado peruano aplazó reiteradamente la aprobación. ORPIO advierte que esta inacción abre paso a nuevas concesiones forestales, exploraciones petroleras, narcotráfico, tala ilegal y minería informal, actividades que amenazan directamente la vida de los PIACI y la biodiversidad de la Amazonía.
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Una fecha decisiva: hoy, 4 de septiembre
El día de hoy, 4 de septiembre, la Comisión Multisectorial convocada por el Ministerio de Cultura se reunirá para decidir la categorización de la reserva. Sin embargo, ORPIO denunció que existen presiones políticas y económicas para frenar el proceso, pese a que se trata de una obligación del Estado bajo la Ley N.º 28736 (Ley PIACI) y compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Categorizar esta reserva cerrará las puertas a las actividades ilegales que destruyen nuestros territorios”, señaló Pablo Chota Ruiz, dirigente de ORPIO, en entrevista con RPP.
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Más de 20 años de espera
El proceso de creación de la reserva comenzó en 2003, obtuvo calificación favorable en 2013 y el reconocimiento oficial de los PIACI en 2018. ORPIO y organizaciones aliadas han recopilado testimonios, estudios antropológicos, imágenes satelitales y evidencias de campo que confirman la presencia de los pueblos en aislamiento.
Sin embargo, los retrasos han prolongado la incertidumbre legal y permitido la pérdida de al menos 436 hectáreas de bosque entre diciembre de 2023 y junio de 2025, según datos satelitales. En los últimos dos años, se registraron más de 95,000 alertas de deforestación en la zona.
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Voces desde Loreto: “Estamos al borde de la invasión ilegal”
En declaraciones a RPP, Pablo Chota explicó que la categorización es vital para frenar la minería ilegal, la tala y el narcotráfico en la triple frontera con Brasil y Colombia. “Si no conseguimos esta protección, la reserva será invadida y nuestros pueblos estarán condenados”, advirtió.
Por su parte, el asesor legal de ORPIO, Federico Contreras, recordó que el Estado ya reconoció en 2018 la existencia de los PIACI en esta zona mediante el Decreto Supremo 002-2018-MC. “La segunda fase es otorgarles un territorio intangible. Es una obligación legal y moral del Estado”, enfatizó.
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Presiones y postergaciones políticas
La categorización de Yavarí Mirim se ha visto trabada por sectores que niegan la existencia de pueblos en aislamiento. En enero de 2025, el congresista Juan Carlos Mori (Acción Popular) realizó una polémica puesta en escena en Loreto asegurando que “no existen no contactados”, pese a las evidencias oficiales y estudios reconocidos internacionalmente.
En febrero, la sesión de la Comisión Multisectorial fue suspendida unilateralmente por el Ministerio de Cultura, alegando “razones técnicas”. Sin embargo, tras la presión de ORPIO, congresistas y organizaciones indígenas, la presidenta Dina Boluarte prometió en una reunión en Palacio de Gobierno el 5 de junio que se convocaría en un plazo máximo de 30 días.
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Una reserva bajo amenaza
La Reserva Yavarí Mirim se extiende entre las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, y los distritos de Yavarí, Pebas, Indiana, Alto Tapiche y Soplín, entre otros. La región enfrenta constantes amenazas por tráfico de drogas, deforestación y proyectos de explotación petrolera, lo que incrementa la presión sobre los pueblos en aislamiento.
ORPIO recordó que, al no categorizarse la reserva, el área puede ser objeto de concesiones forestales, licitaciones petroleras y titulación de comunidades, generando contacto forzado y riesgo de desaparición de culturas enteras.
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¿Voluntad política o abandono?
Para especialistas como Melissa Sánchez, de la SPDA, los procesos de categorización en el Perú pueden tomar hasta dos décadas. Sin embargo, insiste en que retrasos como este generan “incertidumbre legal y superposición de derechos sobre territorios indígenas”, abriendo la puerta a conflictos y vulneraciones graves.
“Una simple gripe puede acabar con pueblos enteros en aislamiento. No hay excusas: el Estado debe garantizar la categorización y protección de Yavarí Mirim”, subrayó Federico Contreras.
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Este 4 de septiembre será una fecha decisiva. Si la reserva es categorizada, se garantizará la supervivencia de los PIACI de Yavarí Mirim y se blindará un territorio vital para la biodiversidad amazónica. De lo contrario, el Estado peruano mostrará una falta de voluntad política que podría traducirse en la desaparición de pueblos enteros y en una mayor devastación ambiental en la Amazonía.
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