Minería ilegal en Perú ya ha invadido a nueve regiones de la Amazonía y amenaza a 73 comunidades nativas, revela informe

La minería ilegal ya no es un problema concentrado únicamente en la región Madre de Dios. Un reciente informe de Conservación Amazónica – ACCA confirma que esta actividad ilícita se ha extendido a nueve regiones amazónicas, afectando bosques, ríos y poblaciones enteras. De acuerdo con el diagnóstico, 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas se encuentran en riesgo directo por la expansión de la extracción ilegal de oro.

El documento, presentado en Lima durante el evento “Minería de oro en la Amazonía Peruana, ¿cómo vamos? 2025”, revela que la amenaza ya no se limita a un ámbito local. Ahora, el fenómeno se consolida en zonas de frontera y se articula con redes criminales transnacionales, lo que eleva aún más la magnitud del problema. Expertos y autoridades advirtieron que la situación desborda las capacidades nacionales y que solo un esfuerzo coordinado con países vecinos podría contener la crisis.

Madre de Dios y el avance de las dragas

En el corazón de la Amazonía, Madre de Dios sigue siendo el epicentro del desastre ambiental. Solo en el último año, se perdieron más de 11.500 hectáreas de bosque por acción de la minería ilegal, principalmente en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El caso más crítico vuelve a ser La Pampa, un territorio que años atrás fue símbolo de la lucha contra esta actividad ilícita, pero que hoy aparece nuevamente tomado por los mineros.

Según detalló Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías de ACCA, en 2025 se contabilizaron 1613 dragas operando, lo que representa un aumento del 21 % respecto al 2024. El contraste con años anteriores es alarmante: en 2021 se registraban apenas 148 dragas y unas 660 personas trabajando en la zona. Cuatro años después, la cifra asciende a más de 1600 dragas y 6400 personas, una muestra del crecimiento exponencial de la actividad y de sus impactos sociales y ambientales.

La expansión también golpea con fuerza a otras regiones. En Huánuco, más de 1763 hectáreas fueron devastadas en un solo año, incluso dentro de la Reserva Comunal El Sira, poniendo en riesgo directo a comunidades indígenas como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo. En Ucayali, la situación se agravó tras detectarse la presencia de dragas en la cuenca del río Aguaytía, un afluente que hasta hace poco estaba libre de esta amenaza.

Más al norte, en Loreto, el panorama es aún más delicado. El río Nanay, principal fuente de agua para la ciudad de Iquitos, registró un récord de 42 dragas activas, comprometiendo el abastecimiento de miles de familias que dependen de ese caudal para sobrevivir.

Comunidades en riesgo y presencia de crimen organizado

El informe de ACCA advierte que, además de la minería ilegal, las concesiones mineras aprobadas en los últimos meses representan un nuevo factor de riesgo. En 2025, el Ingemmet recibió 187 solicitudes que se superponen con territorios sensibles: 136 coinciden con comunidades nativas, 48 con áreas naturales protegidas y tres con reservas indígenas. Especialistas alertaron que estas superposiciones pueden detonar conflictos sociales, especialmente en zonas donde la defensa del territorio y el agua es prioritaria para las comunidades locales.

La expansión tampoco se limita a un solo país. El diagnóstico señala enclaves de minería ilegal en la frontera con Ecuador (ríos Chinchipe y Condorcanqui), en la triple frontera del Putumayo con Colombia y en el río Madre de Dios en Bolivia. En todas estas áreas, la actividad ilícita opera con el respaldo de redes criminales que cruzan fronteras y controlan corredores de extracción y comercialización de oro.

Para Novoa, esta realidad es consecuencia directa de la débil presencia del Estado en zonas rurales y de frontera: “El panorama refleja cómo el abandono de estos territorios ha permitido la expansión de la minería ilegal”. Además, advirtió que la actividad ya no responde únicamente a intereses económicos informales, sino que se articula con estructuras de crimen organizado, afectando ríos, bosques y los sistemas de gobernanza local.

En esa misma línea, el informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) subraya que en la región amazónica ya operan 17 grupos armados y redes criminales. Estas estructuras aprovechan la extracción de oro como fuente de financiamiento, al tiempo que generan un escenario de violencia e inseguridad en territorios históricamente olvidados.

Durante la presentación del informe en Lima, los especialistas coincidieron en que el desafío ha superado cualquier capacidad nacional de control. Por ello, plantearon la urgencia de acciones conjuntas con los países vecinos y la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación internacional para frenar la expansión de la minería ilegal en la Amazonía.