La presidenta Dina Boluarte volvió a pronunciarse públicamente luego de que la Fiscalía allanara la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte y la de un socio de uno de sus ministros más cercanos, Juan José Santiváñez.
Este operativo se enmarca en una nueva investigación que acusa a Santiváñez de ser el presunto cabecilla de una organización criminal durante su gestión al frente del Ministerio del Interior. En este contexto, y en medio de las críticas de otros ministros al proceder del Ministerio Público, la jefa de Estado aseguró que todo sería parte de una venganza política.
Sin embargo, enfatizó que los ataques políticos y las investigaciones en torno a sus allegados no debilitarán su liderazgo.
“Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas, todo lo contrario. Está más fuerte que nunca porque sabe y está consciente de todo el esfuerzo que le pone para sacar adelante el desarrollo del país”, declaró.
Asimismo, reiteró que su administración no caerá en provocaciones ni en maniobras destinadas a generar incertidumbre política con miras a las elecciones generales de 2026.
“No caeremos en la provocación de aquellas pequeñas voces o mentes afiebradas que quieren generar desconcierto o sobra y hacer ver con cierta incertidumbre las elecciones del próximo año”, afirmó.
En otro momento, Boluarte destacó que su gobierno tiene la responsabilidad de garantizar un proceso electoral transparente y en paz. Algo que estaría en riesgo por los permanentes cuestionamientos hacia los miembros de su equipo y su entorno más cercano.
“También es una responsabilidad de este gobierno llegar al 12 de abril a la primera vuelta de las elecciones y a todo el Perú en una fiesta democrática donde prevalezca la unidad y la paz”, señaló.
Caso Ícaro: ¿Cuál es la nueva investigación contra Santiváñez?
La reciente operación del Ministerio Público en Lima marcó un nuevo capítulo judicial al ejecutar allanamientos simultáneos vinculados a una investigación contra Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, señalado como presunto líder de una organización criminal. Según la tesis fiscal, Santiváñez habría utilizado el Ministerio del Interior para beneficiar a sus clientes y concertar pedidos de pagos a cambio de favores.
Durante el operativo, se intervinieron diez inmuebles y cinco oficinas, incluidas la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y la oficina de Percy Tenorio, socio del ministro e identificado como figura influyente dentro de la supuesta red. De acuerdo con las investigaciones, Santiváñez habría gestionado beneficios indebidos, específicamente mediante la alteración de los términos de referencia en la Defensoría de la Policía y la exigencia de cobros a generales de la institución para mantener sus cargos.
Una de las aristas, que investiga la Fiscalía en este caso explora el presunto favorecimiento ilícito a la empresa minera El Dorado, titular de concesiones en Ayacucho. Según el Ministerio Público, en la oficina de Tenoriose habrían realizado encuentros con el empresario Franco Parodi para coordinar un operativo policial disfrazado de intervención ambiental. Se habrían estipulado dos pagos: 60 mil dólares para una inspección inicial y 100 mil dólares adicionales para ejecutar el operativo, ascendiendo a un presunto soborno total de 160 mil dólares.
Además, la presidenta habría pedido a Juan José Santiváñez que gestione la contratación de su hermano Nicanor en la mina El Dorado para acreditar arraigo laboral y evitar una eventual prisión preventiva.
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