El conflicto social en torno a la minera Antamina, la mina de cobre y zinc más grande del país ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari (Áncash), escaló este viernes a un nuevo nivel de gravedad tras el ingreso de comuneros de Huaripampa al campamento minero y al bloqueo total de la carretera que da acceso a la zona. El incidente ocurrió durante una protesta por compromisos sociales incumplidos por parte de la empresa.
La Policía Nacional trató de tomar el control, lo que detonó una serie de enfrentamientos violentos y dejó como saldo preliminar varios heridos y un ambiente de tensión generalizada. Testigos y líderes comunales reportaron que la represión policial incluyó disparos disuasivos y el uso intensivo de bombas lacrimógenas.
Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran la magnitud de la crisis: columnas de humo, comuneros corriendo entre la vegetación y agentes policiales resguardando las entradas del campamento minero. Organizaciones de derechos humanos y colectivos locales advirtieron sobre el riesgo de una escalada si las autoridades no toman medidas inmediatas para atender el conflicto social.
Incendios y daños agravan la situación
Durante los disturbios de este viernes, testigos reportaron el inicio de incendios forestales en áreas próximas a Antamina, aparentemente relacionados con la confusión y el uso de bombas lacrimógenas. Por el momento, no se conoce el alcance total del siniestro, pero ya circulan imágenes que documentan maquinaria pesada en llamas y zonas de vegetación quemadas. Estos daños materiales se añaden al clima de incertidumbre y aumentan el temor de un impacto ambiental mayor en la región.
La Policía confirmó la detención de al menos cinco comuneros, mientras que el personal de seguridad de la minera intentaba contener el avance de los manifestantes dentro del campamento. El temor y la tensión se extendieron a localidades vecinas, donde familias y residentes aguardaron durante la tarde información oficial sobre los hechos y el estado de los heridos.
Orígenes del conflicto: disputas por terrenos y diálogo frustrado
El origen del reciente conflicto entre la Comunidad Campesina de Huaripampa y la minera Antamina está ligado a una antigua controversia territorial. Según la Junta Directiva comunal, existiría una supuesta usurpación de terrenos por parte de la compañía, pese a que los acuerdos de compra de tierras se remontan a 1998 y nunca habían sido cuestionados formalmente en más de dos décadas.
Desde finales de 2023, la dirigencia comunal ha elevado sus reclamos afirmando que la empresa opera en terrenos que, sostienen, les pertenecen. Esta posición es rechazada por Antamina, que en repetidos comunicados asegura tener los títulos legales de propiedad y respetar los límites territoriales de la comunidad y propietarios privados colindantes. La empresa argumenta que durante 25 años la relación fue “pacífica y fructífera”, y sostiene que los actuales reclamos carecen de sustento jurídico.
El conflicto se agudizó el pasado 15 de agosto, cuando miembros de la Junta Directiva y un asesor externo ingresaron y ocuparon parte del sector de Huacacocha —dentro de la zona de propiedad de la empresa—, realizando actos que, según Antamina, configuran una invasión no autorizada y ponen en riesgo la integridad de los propios comuneros.
En su último comunicado, la compañía lamenta que la Junta Directiva de la comunidad “haya expuesto innecesariamente a sus integrantes al peligro” y solicita a las autoridades que determinen responsabilidades y prevengan que nuevas acciones ilegales pongan en riesgo el Estado de derecho. La compañía informó que, con apoyo policial, recuperó el terreno ocupado indebidamente por los comuneros y reiteró su disposición al diálogo ante cualquier reclamo fundamentado.
Amenazan con radicalizar medidas de protesta
Pese al saldo de heridos, los daños a maquinaria y el evidente deterioro del clima social, los líderes comunales advirtieron que las protestas se mantendrán mientras no se instale una mesa de negociación efectiva con Antamina y representantes estatales. Solicitando la intervención urgente de autoridades nacionales y regionales, alertaron sobre la posibilidad de que la situación derive en hechos aún más graves, tal como ha ocurrido en conflictos sociales previos vinculados a la minería.
En respuesta a la preocupante escalada de violencia de este viernes, la Defensoría del Pueblo en Áncash informó que, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se han activado acciones para propiciar un acercamiento entre los comuneros de Huaripampa y la empresa Antamina. El objetivo de estas gestiones, reiteran, es evitar que el conflicto social escale y derive en consecuencias mayores para la población local.
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