El ministro del Interior, Carlos Malaver, generó una creciente polémica tras proponer que sean las municipalidades las responsables de comprar chalecos antibalas para la Policía Nacional del Perú (PNP), en medio de una crisis por la escasez de estos equipos de protección. La declaración provocó un rechazo inmediato de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de representantes del Congreso, quienes señalaron problemas de gestión y fondos insuficientes.
La propuesta de Carlos Malaver y su justificación
Durante una entrevista televisiva con Panamericana Noticias, Carlos Malaver reconoció el déficit de chalecos antibalas en la Policía Nacional del Perú y sugirió que los gobiernos locales implementen “compras menudas” para suplir parte de la carencia. Según el ministro, “el presupuesto fluye a través de las municipalidades y se puede ver alguna alternativa, como compras menudas de las diferentes municipalidades para poder atender inmediatamente”, aunque aclaró que estas acciones no reemplazarían los procesos regulares de adquisición de la institución.
La iniciativa intentó presentar una solución ante la urgencia por equipar a los agentes policiales frente al incremento de la inseguridad ciudadana. Actualmente, la PNP cuenta con unos 130.000 efectivos y enfrenta una insuficiencia crítica de chalecos antibalas.
Reacciones de la Municipalidad de Lima: críticas y matices
La respuesta de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue inmediata y contundente. Francisco Calisto, gerente de Seguridad Ciudadana de la capital, declaró que el Ministerio del Interior “maneja diez veces más presupuesto que el alcalde” y calificó como irregular solicitar que los gobiernos locales asuman gastos que corresponden al Ejecutivo. “No puede ser posible que un ministro que maneja un presupuesto mucho mayor pida a los alcaldes comprar motos, chalecos y luego hasta que paguen sueldos. Eso refleja una falta de gestión”, señaló.
Otros funcionarios en Lima expresaron posiciones más conciliadoras. El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, recordó que el municipio ya ha entregado patrulleros, motos y chalecos, y ofreció coordinar nuevamente si es necesario. Reggiardo subrayó que el municipio está dispuesto a seguir colaborando, aunque instó a una mejor articulación entre sectores.
En tanto, el regidor y exdirector de la PNP, José Tisoc, tachó de “inoportuna” la propuesta, criticando que la administración central traslade responsabilidades básicas a las municipalidades. “Me parece ilógico que un gobierno municipal tenga que mantener a una institución que corresponde administrar al gobierno central”, apuntó.
Debate legislativo y cuestionamientos sobre priorización del gasto
El debate sobre la compra de chalecos alcanzó al Congreso. El legislador Alfredo Azurín cuestionó que se destinen 17 millones de soles para vehículos de alta gama para generales de la PNP, mientras el presupuesto para chalecos antibalas alcanza solo unos 8 o 9 millones. “¿Por qué no se acelera también la compra de chalecos?”, interrogó el congresista, evidenciando tensiones sobre la gestión y el destino de los recursos asignados a la seguridad ciudadana.
Carlos Malaver reiteró que los actuales procesos de adquisición vienen de gestiones previas y explicó que su sector inició los trámites correspondientes desde que asumió el cargo. Insistió en la comunicación con la Contraloría y la Oficina de Integridad para esclarecer posibles irregularidades.
Insuficiencia de la donación internacional y perspectivas
En paralelo al debate político, se anunció que un lote de cuatro mil chalecos antibalas llegará al país como parte de una donación del gobierno de China, cifra que se mantiene lejos de satisfacer la demanda de la Policía Nacional del Perú.
El exministro del Interior, José Elice, remarcó que la adquisición de estos equipos requiere procesos complejos y regulados por normas de contratación pública, lo que dificulta la atención inmediata de la crisis de equipamiento policial.
Mientras tanto, está pendiente la convocatoria para la compra internacional de 3.164 chalecos antibalas, con la expectativa de que puedan entregarse en enero de 2026, siempre que no surjan impugnaciones en el proceso de adquisición.
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