El Congreso de la República mostró posturas enfrentadas tras la resolución emitida este martes por el Tribunal Constitucional (TC), que ordena la suspensión inmediata de todas las investigaciones fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte.
La sentencia sostiene que un jefe de Estado solo puede ser investigado durante su mandato por los delitos que permite la Constitución en su artículo 117: traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir elecciones.
Para el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, el fallo es “un correctivo” ante el “festival de acusaciones que se viene dando contra muchos altos funcionarios, muchos de ellos aforados como la presidenta”. Sin embargo, aclaró que “lo que menos podría pensar del máximo intérprete de la Constitución es que haga un blindaje”.
En sentido contrario, Edward Málaga cuestionó la decisión. “Hay que discrepar, porque en este contexto que vivimos con la presidenta Dina Boluarte, este fallo puede y debe ser interpretado como uno político. Se le está dando una mano en las investigaciones en su contra, plenamente justificadas”.
El parlamentario recordó que durante el gobierno de Pedro Castillo, actualmente encarcelado, se pedía que fuera investigado, incluso se inhabilitó a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por no hacerlo. “Discrepo con este fallo, pero hay que decir que la instancia del control político del Congreso continúa”, señaló.
El exvicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), consideró que la medida no tiene nombre propio. “La sentencia no está pensada en Dina Boluarte, sino en quien esté ejerciendo hoy, mañana o pasado la Presidencia de la República. Hay que analizar los argumentos y ver de qué forma esta sentencia puede garantizar la gobernabilidad”.
El congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) pidió respeto para la resolución. “El presidente de la República, mientras esté en mandato, no debe ser materia de investigaciones. No es un blindaje, para nada”, señaló.
El legislador José Cueto (Renovación Popular) defendió la decisión del TC al señalar que “estamos hablando de la investidura presidencial. No es un blindaje a la presidenta, se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre”.
El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, expresó una postura crítica. “Estamos en desacuerdo. Todo funcionario y la presidenta, con más razón, tienen que someterse a las investigaciones para aclarar los hechos que se le imputan. No podemos permitir que rehúya a la justicia. Las diligencias penales no se van a poder hacer en el momento que se deban, y eso puede hacer que se sustraigan pruebas o desaparezcan con el paso del tiempo”.
Por su parte, la congresista María del Carmen Alva evitó posicionarse sobre el fondo del fallo, pero recalcó que “lo único que puedo decir es que en la democracia hay que acatar y respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional, guste o no guste”.
Pesquisas paralizadas
Boluarte, la mandataria con el nivel de aprobación más bajo en la región —apenas 3 % según diversas encuestas—, enfrenta múltiples investigaciones fiscales. Entre ellas, se incluyen los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento personal, falsificación de documentos y omisión de funciones. También está involucrada en el caso conocido como ‘Rolexgate’, donde se le acusa de haber recibido relojes de lujo como soborno.
Además, el Ministerio Público la investiga por la represión durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, que dejaron al menos 59 muertos, y por su posible implicación en la fuga de Vladimir Cerrón, exgobernador y líder del partido Perú Libre.
Con la resolución del TC, todas las investigaciones contra Boluarte quedarán paralizadas hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026.
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