El Poder Judicial autorizó al exdirector de Odebrecht, Jorge Barata, a salir de Brasil, país donde reside desde 2016, para viajar a las ciudades de Ulán Bator (Mongolia) y Estambul (Turquía). El permiso es válido hasta el 24 de agosto, según una resolución difundida este lunes por RPP.
La decisión fue adoptada el pasado 30 de julio por el juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien declaró fundado el pedido presentado por la defensa legal de Barata.
El empresario enfrenta en Perú un proceso penal por el caso Gasoducto Sur Peruano, un proyecto que el Estado adjudicó a la firma brasileña, y actualmente se encuentra bajo mandato de comparecencia con restricciones y reglas de conducta, incluida la obligación de no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial.
Frente a esta resolución, el Equipo Especial Lava Jato interpuso un recurso de apelación el 31 de julio y solicitó que la instancia superior revoque la autorización de viaje y declare infundado el pedido de Barata. Según el Ministerio Público, la decisión judicial vulnera el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de legalidad, al carecer de motivación suficiente.
El juez concedió la apelación el 1 de agosto y remitió el caso a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si la sala admite el recurso, deberá convocar a una audiencia virtual con participación de las partes procesales para tomar una decisión definitiva.
Barata fue director ejecutivo de Odebrecht en Perú desde 2011 hasta 2016 y se acogió a la figura de colaboración eficaz en casos que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), puesto que la trama corrupta de la empresa brasileña atravesó diversas obras de infraestructura durante dichos gobiernos.
La firma brasileña ganó en 2014 la licitación para el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano junto a Enagás y la peruana Graña y Montero al ofrecer más de 7.000 millones de dólares para la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías desde el yacimiento de gas de Camisea en Cuzco hasta la costa de la región Arequipa.
Sin embargo, las denuncias contra Odebrecht revelaron que la compañía coordinó con funcionarios a cargo del proceso y con la misma exprimera dama Nadine Heredia para obtener la concesión, a cambio de entregar comisiones ilegales de dinero.
Incautación
El mes pasado, el Ministerio Público incautó en San Isidro cuatro propiedades valorizadas en más de dos millones de soles, registradas a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas del exejecutivo.
La investigación sostiene que estos bienes podrían estar vinculados a un esquema de ocultamiento de capitales derivados de actividades ilícitas de Odebrecht. Las recientes reformas a la ley de extinción de dominio no han interferido en el proceso, ya que la investigación se inició en 2018.
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