César Nakazaki, abogado del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, consideró este lunes que la validez de la declaración del exgerente municipal José Miguel Castro, testigo principal del juicio seguido contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), dependerá de su traslado formal al proceso.
“Si la Fiscalía ha trasladado la declaración del señor Castro al proceso penal de Susana Villarán, sí la puede utilizar. Pero si la declaración sigue en el procedimiento de colaboración eficaz, no la va a poder utilizar”, declaró en diálogo con RPP.
Explicó que, en ausencia de un acuerdo formal de colaboración, la declaración pierde toda validez jurídica. “La ley señala que, si no hay acuerdo de colaboración eficaz, la declaración se tiene como inexistente, como si nunca hubiera existido”, precisó.
No obstante, diferenció los testimonios de los elementos probatorios obtenidos durante el proceso de colaboración. “Todas las pruebas que se obtienen en la colaboración eficaz pueden ser utilizadas, pero la declaración del aspirante no. Los elementos de corroboración sí pueden ser utilizados. Si con mi declaración de aspirante acompañé contratos, recibos, extractos de cuenta, incluso hasta testigos, todas esas pruebas sí se trasladan al proceso penal”, detalló.
En abril de 2019, Barata confirmó que Odebrecht entregó tres millones de dólares en efectivo para financiar la campaña contra la revocatoria de Villarán. Según su testimonio, la solicitud fue hecha por Castro, quien fue encontrado sin vida el último domingo en su vivienda situada en el distrito de Miraflores.
El exdirectivo explicó que decidió apoyar a la exalcaldesa desde el inicio de su gestión por su respaldo mediático y popular, y porque creían que podría aspirar a la presidencia. Además, mencionó que buscaban mantener buenas relaciones debido al contrato de concesión vigente con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El exgerente municipal era el principal testigo de este caso de corrupción en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público pide 25 años de prisión en su contra.
El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra Villarán, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.
El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS, a las campañas de revocatoria en 2013 y la reelección municipal de 2014.
Entre las personas naturales están, además de Castro, los exfuncionarios municipales, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras. Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.
La Fiscalía pide 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.
Cuestionamiento
Nakazaki también cuestionó el rol del Ministerio Público en la falta de concreción del acuerdo de colaboración con Castro. “El primer responsable es la Fiscalía, porque esto es una herramienta de investigación y quien tiene el interés y la obligación de probar el delito es el fiscal”, afirmó.
Aseguró que su testimonio no tiene impacto en la situación jurídica de su patrocinado. “Es irrelevante, porque él tiene un acuerdo de colaboración eficaz. Su caso ya terminó, salvo el caso de Gasoducto, que venimos discutiendo si se tiene que reabrir o no. Pero lo que se refiere a Rutas de Lima, los problemas del peaje, absolutamente nada. Más bien ha aportado declaraciones”, explicó.
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