Un empresario colombiano vivió horas de terror en Lima después de haber sido secuestrado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, junto a un hacker, intentaron robar 400 mil dólares en criptomonedas para dejarlo en libertad.
El caso, expuesto por el dominical Punto Final, reveló la existencia de una peligrosa red de uniformados corruptos con acceso a información, armas y recursos oficiales de la Policía Nacional, que ahora está bajo investigación.
Juan Mauricio Padilla, un conocido inversionista en criptomonedas y empresario colombiano, llegó a Lima para participar en una conferencia. El 2 de agosto, acompañado de su esposa, canceló su estadía en el hotel Marriott y abordó un taxi rumbo al aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Su itinerario cambió de manera abrupta cuando, en la intersección de Grau con Iquitos, un auto rojo bloqueó su camino. Según el informe del dominical, los hombres descendieron y, mostrándose como agentes policiales, le solicitaron sus documentos. Padilla, confiado en que era una intervención legítima, obedeció.
Minutos después, los agentes PNP le dijeron que debía acompañarlos a la comisaría. Lo subieron a un patrullero de la comisaría de Cotabambas y, posteriormente, lo trasladaron al mismo auto rojo que cerró su paso. Allí comenzó un secuestro que expuso el grado de infiltración criminal dentro de la policía.
El papel del hacker
Ya retenido en una casa abandonada situada en Chosica, los secuestradores le exigieron a Padilla la entrega de un millón de dólares. La cifra luego quedó establecida en 400 mil dólares, cantidad que el empresario mantenía en una billetera digital.
La participación de un hacker, identificado como Juan Carlos Cristache Manrique, fue crucial: su tarea consistía en convertir y transferir las criptomonedas solicitadas como rescate, aprovechando la rapidez y el anonimato que ofrecen estos activos digitales.
Padilla describió que pasó varias horas privado de la libertad, siempre vigilado por agentes armados y sometido a amenazas. De acuerdo a su testimonio, seis personas participaron en el secuestro, todas con algún vínculo con la policía. Además, sospechó que el conductor del taxi utilizado al inicio también colaboraba con la banda.
Operativo y persecución
Mientras el empresario seguía cautivo, una facción de la misma Policía Nacional del Perú, desde la Dirección de Inteligencia y la División Antisecuestros, recibió un reporte sobre el secuestro.
El aviso incluía detalles del auto rojo, lo que permitió iniciar la búsqueda inmediata. Los agentes establecieron que Padilla nunca llegó a la comisaría referente y se encontraban ante un caso de secuestro orquestado por colegas.
La persecución se tornó intensa cuando, al verse descubiertos, los secuestradores intentaron trasladar a Padilla en un taxi, cambiando varias veces de vehículo. Finalmente, mientras huían y ante la presión de los agentes, lanzaron al empresario fuera del auto en movimiento, abandonándolo para facilitar su propia fuga.
Intervención y rescate
Los verdaderos agentes lograron rescatar a Padilla sano y salvo. En declaraciones posteriores, él reconoció la rápida intervención policial que frustró el desenlace delictivo y evitó daños mayores. “Gracias a la policía de la intervención, ellos hicieron un trabajo profesional y eso fue lo que evitó que pasara a temas delicados”, afirmó después de su liberación.
Las autoridades detuvieron a los agentes implicados, entre ellos Benji Daniel Castillo Espinoza y Harrison Teo Medina Sánchez. Además, la investigación apuntó a la detención de un coronel en retiro, Walter Palomino, ex jefe del grupo Terna, quien presuntamente coordinó parte del plan.
El caso de Padilla expuso una problemática mayor. Solo en lo que va del año, la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú inició 1382 denuncias formales de delitos cometidos por agentes, lo que derivó en la detención de 999 efectivos a nivel nacional. Entre los delitos más recurrentes figuran la violencia contra la mujer, delitos contra la administración pública, crímenes contra la vida y la salud, así como delitos contra el patrimonio.
Como parte del proceso de depuración interna, 956 policías fueron retirados de la institución en una primera instancia, mientras que el Tribunal de Disciplina confirmó el retiro definitivo de 532 efectivos luego de agotar la vía administrativa.
El general inspector, Jhonny Veliz, indicó que el operativo para identificar y expulsar a los malos elementos es nacional y continuo. La prioridad institucional se centra en aislar y sancionar a quienes traicionan el uniforme, en paralelo con la investigación y sanción penal que enfrenten estos exagentes.
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